Otra vez la variable de las tarifas

Es inminente el anuncio por parte del Poder Ejecutivo de la aplicación de nuevos incrementos en las tarifas públicas. Al parecer ya habría resolución para hacer crecer los precios de los servicios de agua corriente y luz eléctrica, de consumo más rígido.

Lo acordado con el FMI es que se produzcan incrementos tarifarios en mayo, mes que está por expirar, y en agosto. Tanto el presidente del Banco Central, Julio de Brun, como el ortodoxo militante fondomonetarista, el director de la OPP, Ariel Davrieux, presionan para que no se dejen de cumplir esas reglas que consideran inalterables. Según versiones, estos funcionarios tampoco estuvieron de acuerdo con la rebaja del precio de las naftas y, por supuesto, tratan de ahuyentar toda posibilidad de que la experiencia que tuvo Ancap con la nafta se repita con otros combustibles.

La brutal e irreal política tarifaria que se aplicó no es producto de un malabarismo económico para recortar el salario, intentando recaudar más. También tuvo otro objetivo, con la misma consecuencia devastadora para los uruguayos: la de acelerar el ritmo inflacionario para licuar las cuantiosas deudas del Estado. El nivel de inflación acordado con el FMI, del 27 por ciento al fin de este año, no es sostenible ante el aplastamiento de los ingresos de la gente y por el deterioro del dólar que sólo puede ser mantenido a 30 pesos la unidad por la intervención compradora diaria que realiza el Banco Central. Algunos estudiosos sostienen que el nivel de la divisa norteamericana debería ser hoy de 24 pesos, nivel que no le restaría competitividad al país ya que el atraso cambiario de Argentina y Brasil excede largamente esa diferencia.

Sin embargo para seguir licuando las deudas estatales es necesario el alto nivel inflacionario y, para apuntalar ese ritmo, se juega también al alza de las tarifas públicas, aunque la aplicación de incrementos no sea más que un mecanismo empobrecedor que, además, no incrementará el monto de lo recaudado. El objetivo contable es tratar de demostrar que se puede lograr, como se prometió al FMI, un superávit primario que, en realidad, será inalcanzable pero que figurará en la documentación oficial como un logro «inestimable» en el manejo de las variables uruguayas.

La gente, obviamente, no puede pagar más de lo que tiene. Este axioma elemental no es tomado en cuenta por los economistas que han timoneado durante todos estos años al país hacia el ojo de la tormenta. Ahora, cuando todavía seguimos girando agobiados por huracanes y maremotos, continúan en la misma ruta, sin entender lo que es elemental: que están ocupando cargos, de manera indirecta, por decisión de la gente que eligió a los gobernantes que los designaron. Tampoco comprenden que su función, en primer lugar, es manejar la economía para mejorar las condiciones de vida de los uruguayos y no, como hacen, para satisfacer las exigencias de organismos multinacionales de crédito que, también lo sabemos, debieron apuntalar al país cuando el obtuso sectarismo ideológico de nuestros gobernantes, con Batlle y Bensión acompañados por este mismo equipo económico, casi provocan el naufragio definitivo del país. Ello como consecuencia de una política clasista, de apuntalamiento irrestricto a los banqueros, sin advertir (o hacerse los desentendidos) que estos señores se estaban robando el generoso (irresponsable) aporte estatal, que fue socializado y que ahora, con sacrificios y marginación, deberemos pagar todos los empobrecidos uruguayos. *