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A la mezquindad del gobierno en materia presupuestal, que impide el correcto funcionamiento de la Justicia.

 

A raíz de la investigación judicial en el caso del ex banco Comercial, investigación que –según el juez de la causa– se ve entorpecida porque no hay dinero para pagar la traducción de documentos considerados clave para la instrucción del presumario, surge nuevamente el viejo problema de la escasez de rubros del Poder Judicial.

Y no se trata en este caso –aunque no es un asunto menor– de las magras retribuciones que perciben los funcionarios, sino de carencias y penurias materiales de todo tipo (incluso insumos de escritorio y papelería en general) que obstaculizan la acción de un Poder que se ha convertido en la Cenicienta del Estado a la hora de asignarle recursos presupuestales.

La insensibilidad del gobierno no le permite advertir que retacear recursos al Poder Judicial atenta contra uno de los pilares del Estado de derecho y pone en tela de juicio la institucionalidad democrática. *