El "escrache" de Millor

Si algo faltaba para completar el disparatario represivo que intentan imponer –esperemos que sin éxito– algunos jerarquizados dirigentes de la derecha, es el proyecto de ley presentado por el senador Pablo Millor que establece se juzgue como delito la modalidad de protesta conocida como “escrache”.

El pasado miércoles la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó, por cuatro votos contra tres, esa iniciativa que de aplicarse tipificaría como delito lo que se da en llamar “violenta perturbación del hogar”. Para justificar el proyecto Millor utiliza palabras del doctor Gonzalo Aguirre, que sostuvo que el “escrache” es una “práctica contraria a la convivencia civilizada en sociedad y al estado de Derecho”, agregando que “trátase de una especie de linchamiento moral, ejercido con estrépito y fundado en el odio hacia la víctima que queda en estado de indefensión frente a una turba que contra ella vocifera e insulta”.

Para Millor esa forma de protesta, pacífica –porque si no lo fuera existe ya un ordenamiento penal que se podría aplicar a los transgresores– debe convertirse en un delito, y en la exposición de motivos utiliza las palabras de quien, a través de la prensa, intentó descalificar al juez que procesó al ex canciller de la dictadura, haciendo un poco elegante juego de palabras, cambiando el apellido del magistrado (Cavalli), por el genérico del noble bruto (caballo). Un criterio, el manejado por el reconocido jurista, diametralmente distinto al que utilizó para defender lo establecido en el articulado de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. No en vano el ex presidente de la República es calificado en algunos círculos como uno de los mayores defensores de la ley de impunidad que estableció el perdón irrestricto para quienes cometieron, durante la dictadura, delitos de lesa humanidad.

Qué bien hubiera estado que el senador Millor, que fue Consejero de Estado, durante su actuación en el cuerpo creado por el gobierno de facto, hubiera planteado un recurso parecido, con el fin de garantizar inequívocamente la seguridad y el pacífico goce de lo que la Constitución define en su art.. 11, como “un sagrado inviolable”: el hogar. Quizás hubiera evitado la acción de las fuerzas conjuntas, que destrozaban las puertas de los hogares a cualquier hora del día o de la noche, para llevar a personas o familias enteras a las cámaras de tortura o, en algunos casos, hacerlas “desaparecer”.

En aquella oportunidad no hubo proyectos de ley, pero sí los hay cuando en el país está recrudeciendo la protesta social contra banqueros que robaron al país, que provocaron una crisis inédita que ha empobrecido a miles y miles de personas. Protesta social que es expresión, además, de grupos a los cuales se les han confiscado sus ahorros como consecuencia de la catástrofe producida en el sistema financiero.

Un proyecto que va en contra de lo establecido como un derecho inalienable de todo ciudadano, el de manifestar pacíficamente. Si en el marco de esa protesta se produjeran transgresiones o delitos, existen ya artículos en el Código Penal que tienen total vigencia.

Es de destacar finalmente, para completar el cuadro de situación, que el senador Guillermo García Costa hizo otra valiosa contribución, agregando a la propuesta de Millor, que también fuera establecido como delito el portar pancartas.

Como decimos al principio: cartón lleno. *