¡A firmar por el agua y por la vida!

El sábado 24 y domingo 25 próximos, se ha convocado por parte de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, a iniciativa de la Mesa Política del Frente Amplio y la Dirección del Encuentro Progresista, una doble jornada nacional de recolección de firmas y retorno de papeletas que adquiere particular importancia.

En efecto, se entrelazan en los tramos finales de la campaña varios factores que se potencian recíprocamente.

Por un lado, la propia esencia del recurso pro reforma constitucional expresado en la proclama leída por la Comisión en la explanada de la Universidad el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, de donde extraemos estos párrafos:

«Según Naciones Unidas el agua potable ya escasea para 1.000 millones de personas. En el momento, el planeta posee sólo un 3% de agua dulce, del cual el 2% se encuentra en los cascos polares y sólo el 1% está disponible para uso humano.

El 28% de ese 1%, se encuentra en América Latina, representado, entre otros, en la cuenca hídrica del Guaraní, con 1.200.000 km2 de extensión, que compartimos con Brasil, Argentina y Paraguay».

Luego se señala con total claridad: «El control de recursos naturales, la pérdida de soberanía en la gestión de nuestras Empresas Públicas, el control del agua dulce, el control de nuestra tierra, de nuestra producción, nos lleva a la preunta y y reflexión: ¿En manos de quién estará esta gestión?

¿Quiénes serán los que resolverán los problemas de escasez, contaminación y hambre de nuestros pueblos?

¿No tiene mucho que ver esto, con el escenario geopolítico que se vislumbra a partir de la guerra contra Irak?

¿No deberíamos visualizar que ante una crisis mundial del agua, las proyecciones de dominación de los más fuertes, tomarán en cuenta dónde hay reservas de agua en abundancia, como en nuestra región?

La guerra por el dominio del petróleo de Irak, mañana posiblemente será por el oro azul de América Latina.

Estas apreciaciones tan contundentes sobre el contexto en que se plantea el recurso de reforma constitucional, se reafirman al examinar los contenidos del Proyecto de Ley que acaba de ingresar al Senado sobre «Regulación de Servicios de Agua y Saneamiento».

En efecto, si alguna duda pudiera quedar sobre el afán privatizador que, por distintas vías, impulsa el Poder Ejecutivo, este Proyecto de Ley las despeja totalmente. Desde las facultades ilimitadas que le otorga el Poder Ejecutivo hasta la marcada intención de reducir el papel de OSE a su mínima expresión, dando paso a que el interés privado haga primar el lucro comercial frente a razones de orden social, como por ejemplo la higiene pública, ya violentada por la desastrosa experiencia de Uragua SA en Maldonado.

Una razón más, entonces, para el impulso de la campaña de firmas, sin dejar de enfrentar con toda energía dicho Proyecto de Ley y verificar al mismo tiempo cómo se expresa en el Parlamento la coherencia de todos aquellos que han manifestado posición favorable a la defensa del agua.

El otro factor, de importancia capital, se refiere a la interconexión de los objetivos de la campaña con el trayecto que, a pesar de la mayoría de la Corte Electoral, comenzaremos a recorrer hacia el referéndum por Ancap.

En este sentido, resulta ilustrativo recrear algún otro párrafo de la proclama de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida:

«Hoy el pueblo uruguayo ha utilizado nuevamente la democracia directa para volver a detener, lo que países hermanos ya han perdido, sus empresas públicas.

Nuevamente el pueblo uruguayo salió a calle, a buscar la firma del ciudadano, para defender la soberanía y democracia de nuestro pueblo.

Una vez más por Antel, por Ancap, por AFE, por el agua, para volver a decir NO, a pesar de que ya lo dijimos en el plebiscito de 1992.

Esa democracia herida, ese derecho que está escrito en nuestra carta magna y que cuesta tanto que la respeten».

Vamos entonces, con decisión, al esfuerzo final por superar con holgura las 300.000 firmas por el agua, como un jalón más en el intento de preservar y mejorar la gestión de nuestras empresas públicas como parte inseparable del proyecto de país productivo que queremos construir. *