Lacalle, el ajuste político y la corrupción

He dejado pasar unos días para analizar las últimas propuestas del Dr. Lacalle en relación al ajuste político y a la situación del Tribunal de Cuentas. Considero que las propuestas del Dr. Lacalle son interesantes y apropiadas al momento que vive el país, y deberían ser estudiadas con el respeto que ellas merecen y no ser descalificadas de la forma tan abrupta como lo hicieron los Dres. Vázquez y Ramírez, quienes, significativamente, cada vez están más próximos en lo ideológico y en lo programático.

Con respecto al ajuste político, si bien la propuesta del Dr. Lacalle es de recibo, creo que más que disminuir la cantidad de legisladores, sería oportuno aumentar la calidad de los mismos. Disminuir el número de parlamentarios sería propiciar aun más la corrupción en el momento de dar el voto para obtener la mayoría en la votación de algún proyecto o ley. Recordemos, sin ir más lejos, lo que le «costó» al presidente Batlle y al país, obtener los votos necesarios para lograr la mayoría para la aprobación del ajuste fiscal. Si esto sucedió siendo 99 diputados y 30 senadores, ¿cuánto «costará» un voto si se lleva el número de parlamentarios a 67 diputados y 24 senadores? Vale la pena analizarlo.

Quizá sea oportuno complementar la propuesta del Dr. Lacalle con un estudio de los gastos que tiene nuestro Parlamento, saber cuántos sueldos se pagan simultáneamente entre titulares y suplentes de diputados y senadores, conocer en detalle la asistencia y actuación de cada parlamentario, conociendo datos como estos y eliminando gastos duplicados, se puede aumentar la calidad de nuestro Parlamento sin disminuir la cantidad de sus miembros.

En relación a la situación del Tribunal de Cuentas, me da satisfacción que el Dr. Lacalle hiciera suyas las interrogantes planteadas por mí en el artículo «¿Más o menos estado?» publicado en LA REPUBLICA el 3 de marzo del año 2002 o sea hace 14 meses atrás, donde presentaba propuestas y dejaba varias interrogantes, entre ellas consultaba textualmente lo siguiente: «¿Podremos saber cuántos cientos de denuncias elevó, en todos estos períodos de gobierno, el Tribunal de Cuentas a la Asamblea General, por irregularidades (corrupción en muchos casos) reiteradas, en gastos y/o licitaciones en prácticamente todas las reparticiones del Estado, y cuántas se analizaron y trataron? ¿Se podrán publicar, junto a estas denuncias, el nombre del o los responsables que burlaron los controles del Tribunal de Cuentas y si actualmente ocupan cargos en la administración? Al ignorar y encajonar estas denuncias ¿el Parlamento es cómplice silencioso y/o directo de estos actos?».

El Dr. Lacalle, al hacer suyas mis inquietudes, y al plantear la revisión de las atribuciones del Tribunal de Cuentas, también manifestó que este organismo envía a la Asamblea General más de 1000 (mil) observaciones por año, desde 1985 a la fecha (18 años) y que la Asamblea General no ha analizado ni una sola de esas observaciones (más de 18.000 en total).

Es de hacer notar que el Tribunal de Cuentas eleva las observaciones, hechas a los jerarcas de turno, a la Asamblea General, luego de agotar todas las vías para que el administrador gaste de acuerdo a las normas y no caiga en ilícitos o irregularidades. El Dr. Lacalle dejó caer, con estilo, la denuncia concreta de que la Asamblea General podría estar ocultando información de más de 18.000 (diez y ocho mil !!!) casos de corrupción (más de mil por año) perpetrados en la administración pública durante estos 18 años de actividad parlamentaria. Lógicamente que acá la Justicia no puede actuar de oficio, pero sería oportuno que los parlamentarios pertenecientes al sector del Dr. Lacalle, que fue en definitiva quien tomó mis sugerencias e hizo la denuncia pública, avalaran sus dichos solicitando el estudio inmediato, por medio de una comisión especial, de los 18.000 casos de posible corrupción, elevando simultáneamente a la Justicia, para su estudio, los antecedentes de cada uno de ellos.

Es por el buen manejo de la cosa pública y teniendo en cuenta la intención y la obligación de bajar el gasto público, cosa que se viene intentando desde hace varios gobiernos sin resultado por debilidad, omisión, incapacidad o complicidad, que se plantean estas situaciones, que quizá, desde el gobierno, alguien con coraje pueda encaminar. *