La excarcelación de Blanco

Para quienes  como lo viene haciendo LA REPUBLICA desde su nacimiento hace quince años  no hemos renunciado al reclamo de verdad y justicia respecto de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, la liberación del doctor Blanco fue recibida con lógica amargura.

No obstante, y por razones de coherencia con nuestra postura de confianza en nuestra Justicia y de defensa de la independencia de sus funcionarios, nos sentimos en la obligación de respetar el fallo judicial que hizo lugar al pedido de excarcelación provisional presentado por la defensa del canciller de la dictadura.

Creemos diferenciarnos claramente de la actitud adoptada por cierta prensa y determinados actores políticos que no vacilaron en lanzar temerarias, infundadas e injustas acusaciones contra jueces y fiscales cuando algunas resoluciones judiciales contrariaron sus mezquinos intereses.

Jueces y fiscales, como seres humanos que son, carecen del don de la infalibilidad y por ello están sujetos a que sus decisiones, fallos y sentencias sean controvertidas y cuestionadas; por ello precisamente existen los tribunales de alzada. Pero ante un fallo adverso a nuestras aspiraciones, jamás se nos ocurriría tildar al magistrado de «bestia» en un juego de palabras de mal gusto con su apellido; ni tampoco acusarlo de «hacer buena letra» con nuestros adversarios.

Ahora bien, dicho esto, corresponde plantear algunas cuestiones que no han quedado claras en esta última instancia judicial.

Ha generado alguna duda la gestión que llevó adelante el doctor Carlos Ramela ante la fiscal y el juez, a quienes aparentemente habría revelado detalles contenidos en el informe final de la Comisión para la Paz que se habían mantenido en reserva para la opinión pública.

Pero al margen de una supuesta irregularidad y suponiendo que esos detalles confirmen la muerte de Elena Quinteros, cabe preguntarse entonces si los magistrados actuantes citarán a declarar a quienes brindaron tales testimonios aparentemente concluyentes a la Comisión para la Paz para que lo hagan en la sede judicial correspondiente. Pues es de rigor que los magistrados judiciales dispongan una investigación propia para verificar por sí las conclusiones de investigaciones ajenas a su sede.

Asimismo, aparece ahora otra interrogante no menor. En caso de comprobarse por la vía correcta  la de una investigación judicial  que efectivamente Elena Quinteros fue asesinada en un cuartel, el expediente debería cambiar de carátula, es decir que estaríamos ante otro delito: el doctor Blanco ya no sería responsable de privación de libertad sino directamente de homicidio, como coautor, cómplice o encubridor.

Porque si de algo no ha quedado duda  y así lo consignó el fallo unánime del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, confirmatorio del de primera instancia  es de que el ex canciller fue uno de los tantos civiles y militares fuertemente comprometido  por acción o por omisión  en las atroces violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de facto.

La lucha por conocer la verdad no se detiene ante esta decisión judicial ni ante el afán del gobierno por poner punto final a una cuestión tan sensible. Como acertadamente ha dicho Pablo Chargoñia, «El tema de la verdad de los detenidos desaparecidos no es solamente un tema del derecho de los familiares de conocer el destino de las víctimas sino además el derecho colectivo de la sociedad toda de conocer todos los detalles de las privaciones ilegítimas de la libertad».

En esa lucha seguiremos sin bajar los brazos y ratificando nuestra confianza en la independencia y la solvencia profesional de nuestros magistrados. *