Las tarifas y el acuerdo con el FMI

De acuerdo con lo informado, el gobierno se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cerrar el presente año con una suba acumulada de las tarifas de las empresas públicas de entre el 23 y el 49 por ciento, para lo cual se fijarán nuevos ajustes en mayo y agosto. Este aumento de las tarifas se vincula –según la información periodística– al requisito de que las empresas estatales alcancen al cierre de 2003 un superávit del 3 por ciento del PBI.

La información, por lo menos, parece sorpresiva. Que en el momento en que el Honorable Directorio del Partido Nacional plantea, como un elemento fundamental para reactivar la economía, la rebaja de las tarifas públicas, en los cubículos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se estén manejando incrementos, aparece como un descomunal absurdo. Tarifas, además, que por su incesante progresión han quedado fuera del alcance de muchos uruguayos. Ello ocurre, además, cuando ante el gigantesco sobrante de nafta que Ancap debía malvender a Argentina a un precio ruinoso (7 pesos por litro), se tuvo que rebajar su precio en un 12 por ciento. El acuerdo con el FMI que ahora trasciende acentuará la progresiva miseria de la población y perjudicará aún más a las empresas públicas que verán cómo se reduce el consumo de los insumos que producen.

Desde estas páginas ya habíamos calificado como profundamente equivocada la política tarifaria del gobierno que nunca tuvo en cuenta la capacidad de pago de la gente, empobrecida y marginada. ¿Cómo quiere el FMI, con la anuencia de nuestro gobierno, que las empresas públicas tengan un superávit del 3 por ciento cuando, como se ha comprobado, el mecanismo de incrementos incesantes no ha funcionado, sino que ha actuando de forma contraria?

Por ello el trascendido es grave y más que sorprendente, como lo es también la comprensión del manejo informativo. Se ha evidenciado ese «juego» al trascender en las últimas semanas que las tarifas se incrementarían como consecuencia de una actualización del Imesi. El cangrejo estaba bajo la piedra y mostró sus pinzas. Los aumentos que se proyectan para este mes de mayo y para agosto, tienen vinculación con los acuerdos, realizados en un grupo de tecnócratas que no entienden cómo funciona una economía pauperizada y en crisis. Evidentemente ni quienes escribieron la carta de intención ni quienes la aprobaron (el FMI), han tenido en cuenta que esa misma política tarifaria mostró su incapacidad. Tampoco han detectado que por su aplicación Ancap tiene hoy un importante desfasaje presupuestal, que UTE debió cortarle el suministro a 35 mil familias, que la telefonía celular se ha reducido a un nivel de latencia y que Antel no sabe cómo sostener su presupuesto por la caída en la utilización de la telefonía básica y de las llamadas de larga distancia. Se constató que los uruguayos, comparando el mes de abril de este año con el mismo mes de 2002, hablaron 11 millones de minutos menos. Que se han suprimido seis mil servicios en los últimos meses y otros muchos miles en la llamada telefonía móvil cuya actividad se ha derrumbado a niveles impensables.

Esta comprobación, dramática para un país que está en crisis, demuestra de dónde surge la obtusa política que ha llevado al país a la actual situación. Sería bueno que el Partido Nacional, que está reclamando la rebaja de esas tarifas, entendiendo que con la aplicación de una política de reducción del peso del Estado puede comenzar a cambiar el signo actual de la economía, se defina ante este acuerdo del gobierno con el FMI.

Que diga algo sobre una política que es contraria a los intereses del país. *