La libertad en la casa de los "libertadores"

Con un desenfado insólito las autoridades de los Estados Unidos se han asignado a sí mismas la misión y el título de los combatientes planetarios por la libertad.

Un combate por cierto bien acotado. A los pueblos a los que hay que liberar son aquellos con cuyos gobiernos hay contenciosos, dificultades que impiden la obtención, por parte de los Estados Unidos, de los objetivos que se han propuesto. Y así se consagra la acción «contra Saddam por ser dictador, con el apoyo de otros dictadores de la región», como la monarquía saudita, o el inmutable Mubarak en Egipto, o los déspotas que controlan con mano de hierro a Pakistán.

El desarrollo de esta cruzada, dotada de singular velocidad y eficacia.

A partir del 11 de setiembre de 2001, reposa en una nueva estrategia militar que, también de manera unilateral, ha proclamado el gobierno de los EEUU: la doctrina de la guerra preventiva, atacar el mal antes que se manifieste.

Simultáneamente en el desarrollo de la política interna, «doméstica» le dicen, los cambios han estado en función de mejorar la eficacia de la acción exterior de los cruzados de la libertad.

Aunque la contradicción es por demás urticante, en aras del cumplimiento de los objetivos internacionales, se ha ido configurando un conjunto de normas de creciente inclinación represiva.

Hace apenas unas semanas un artículo en el New York Times daba cuenta que varias bibliotecas norteamericanas se negaron a entregar información al FBI sobre gente que las frecuenta y el tipo de literatura que consumen, y agregaba, según la Patriotic Act, promulgada pocos días después de los atentados del 11 de setiembre, «el FBI puede revisar los antecedentes o historial del personas sospechosas tanto en materia de negocios como de préstamo y compra de libros y el uso de Internet en las bibliotecas públicas, librerías y cafés».

Una información publicada en la edición Clarín de ayer domingo da cuenta que, de acuerdo con un nuevo fallo del fiscal general John Ashcroft, amplias categorías de extranjeros que llegan a EEUU ilegalmente pueden quedar detenidas indefinidamente sin consideración a sus circunstancias individuales si los funcionarios de Migraciones determinan que su liberación haría peligrar la seguridad nacional.

El dictamen de Ashcroft se conoció ayer, cuando le negó la fianza a un haitiano de 18 años, David Joseph, que había recalado en las costas de Key Biscayne, en Florida, el 29 de octubre pasado junto con otros 200 refugiados. Los jueces de migraciones habían aprobado la liberación de aproximadamente cien de ellos.

La sentencia significa que grupos de personas que buscan asilo y otros extranjeros pueden ser encerrados sin audiencia y sin recurso a una liberación bajo fianza. Ashcroft rechazó las denuncias de que negarles la fianza por motivos de seguridad nacional constituye una violación a su debido derecho a juicio. Dijo que no era evidente que tuvieran ese derecho.

A partir de estos elementos se puede avanzar en una conclusión: los que se pretenden grandes defensores y esforzadas adalides de las libertades y derechos políticos y civiles en el mundo están desenvolviendo, en el seno del propio sistema institucional norteamericano, pautas de autoridad y control sobre la vida de los ciudadanos de creciente contenido liberticida. *