Puntualizaciones pertinentes

Como para desmentir los argumentos manejados por quienes pretenden a toda costa salvar al canciller de la dictadura, el doctor Carlos Ramela  insospechable representante del Presidente en la Comisión para la Paz  ha asegurado que el informe final no implica un punto final ni el decreto presidencial impide que se continúe investigando la suerte de los desaparecidos.

El asunto reviste particular importancia por tratarse de alguna manera de la opinión oficial sobre el asunto. Nada menos que el asesor presidencial, un doctor en leyes, sale al cruce  probablemente sin proponérselo  de la argumentación esgrimida por la defensa de Blanco y del punto de vista de otros dirigentes políticos, también versados en cuestiones legales, que no han vacilado en hacer causa común con el procesado.

El doctor Ramela ha sido claro respecto de los alcances del informe final de la Comisión para la Paz así como del decreto del Ejecutivo al aseverar: «La Justicia no está obligada a actuar según el decreto presidencial, pero tampoco está impedida de hacerlo», con lo cual echa por tierra la trabajosa argumentación de los defensores del civil colaboracionista. Y más adelante, luego de aclarar que el decreto dice que el Ejecutivo cumplió con el artículo cuarto, agrega:«Eso no quiere decir que los familiares no puedan buscar su verdad y que la Justicia no actúe. (…) Se nombró la comisión para que investigara, pero nadie dice que eso represente la verdad oficial para la Justicia. (…) No pone punto final, dice que hay una verdad definitiva: hay desaparecidos y fallecieron. (…) Si mañana se determina una investigación judicial, así se hará; no hay decreto de punto final. (…) Tampoco se pretendió decirle a la Justicia que debe acatar y que está todo cerrado. Los jueces actuarán según su leal saber y entender».

Todos estos conceptos constituyen una destacable reafirmación del principio de separación e independencia de los Poderes del Estado, a la vez que una adhesión a los valores democráticos y al imperio del orden jurídico, más allá del juicio que nos merezcan la labor, las conclusiones y el informe final de la Comisión para la Paz.

Es cierto que tal vez no se hayan colmado algunas de las expectativas que los familiares de detenidos desaparecidos y militantes de DDHH abrigaban cuando el presidente Batlle convocó a conformar la Comisión.

Pero nadie duda de que la iniciativa presidencial marcó un hito, un antes y un después, y diferenció notoriamente al doctor Batlle de quienes lo precedieron en la primera magistratura en todo lo referente al terrorismo de Estado durante el régimen de facto.

Ahora hay un reconocimiento oficial de que funcionarios policiales y militares  amparados por el Estado  cometieron atrocidades inconcebibles de las que fueron víctimas todos quienes manifestaron su oposición al régimen cívico-militar; y que ninguno de éstos era culpable de delito alguno.

No es todo; pero no es poca cosa. *