¿Qué pasa con los acreedores?

El descalabro provocado por la crisis bancaria todavía, ni mucho menos, ha comenzando a repararse. La caída del sistema financiero, que sufrió la mayor corrida de la historia del país y la consecuente liquidación de cuatro bancos, sigue produciendo víctimas, pese a que el gobierno intentó mantener la ilusión de «plaza financiera segura» para lo cual liquidó las reservas depositadas en el Banco Central, utilizó la recaudación existente en la Tesorería que, por «órdenes verbales», pasó a las instituciones que caían, tras lo cual multiplicó el endeudamiento externo solicitando una millonaria asistencia al Fondo Monetario Internacional, en diversas partidas, que también cayeron en el mismo barril sin fondo.

Esa descomunal asistencia, pese a su magnitud, no sirvió para detener el descalabro, que mostró su carácter de estructural, e igualmente la caída de los cuatro bancos se produjo. Sin embargo los miles de millones de dólares que fueron utilizados para toda esa asistencia que en teoría estaba destinada a pagar sus depósitos a ahorristas e inversores, se esfumó en dirección, obviamente, del exterior. Dinero irrecuperable, cuyo costo fue inmediatamente «socializado» entre todos los habitantes de este entristecido país.

Fueron miles de millones de dólares los «invertidos» para sostener un sistema que al caducar su funcionalidad con la Argentina, se derrumbó estallando en mil pedazos, dejando un tendal de damnificados, fundamentalmente los pequeños, que no han podido recuperar su dinero ni existen anuncios esperanzadores de que ello se produzca dentro de un plazo medianamente aceptable.

Es menester al respecto que el Parlamento comience a analizar salidas para esta situación que, en evidencia, implica una encerrona para miles y miles de personas que dependen de esos ahorros para su propia subsistencia. Porque nos tememos que el tiempo que pasa haga cada día más difícil una solución definitiva que, obviamente, tendrá un costo difícil de cuantificar.

Que se discuta todavía a esta altura la legitimidad de los depósitos que se realizaron en el Banco de Montevideo y que fueron inmediatamente sacados del país, es una enormidad y, aparentemente, también una maniobra destinada a reducir la fuerza de ese legítimo reclamo. Esta afirmación se basa en que los negocios offshore han sido una práctica constante del sistema financiero y además, siguen siendo moneda corriente de la operativa bancaria. Que el Banco de Montevideo sacara esos depósitos del país era, además de una operativa habitual de esa institución financiera y, además de muchas otras, una acción financiera perfectamente legal, amparada en expresas disposiciones del Banco Central.

A esta altura de los acontecimientos, ante la cadena creciente de gobernantes desentendidos que miran para otro lado, es necesario que alguien le ponga el cascabel a este movedizo gato pardo. Cada día que pasa quienes depositaron dinero en las instituciones que caducaron, tienen menos posibilidades de recibir algo de sus ahorros. Por ello, aparece como imprescindible que las cosas se comiencen a decir con claridad y se arbitren mecanismos idóneos para que las víctimas del desfonde sepan finalmente a qué atenerse. *