Una política tarifaria errada

Cuando se analiza –como hizo muy bien el economista Daniel Olesker en el día de ayer– la política de aplicación de aumentos en las tarifas públicas realizada por el actual gobierno, se puede comprobar cómo la irracionalidad y el absurdo fueron elementos que motivaron tanto dislate. Si, como sostiene Olesker, esa política fue impulsada por el Fondo Monetario Internacional, se puede también llegar a la comprobación de que uno de los críticos más duros de ese organismo, el economista y Premio Nobel Josep Stigliz, no se equivocaba en sus afirmaciones.

¿Por qué afirmamos esto? Esencialmente porque el gobierno, en materia de tarifas públicas aplicó una política de continuos incrementos que, en definitiva, determinaron dos elementos claramente negativos: la baja abrupta del consumo, a lo que se suma la caída por fuera de los niveles aceptables, del estándar de producción de las empresas, lo que –hasta podría ser comprendido por un integrante del equipo económico– es sinónimo de mayores costos.

Si los gastos fijos son los mismos, ¿cómo hicieron Ancap, Antel, UTE y OSE, para nivelar sus presupuestos? Tarea difícil, porque además el afán fiscalista del gobierno siguió presente al exigírsele a cada ente autónomo una contribución de parte de su recaudación para engrosar las escuálidas arcas del fisco.

Por supuesto que se le deberían pedir cuentas a los responsables del dislate, que en cifras determinó que el salario real, en relación con las tarifas públicas, cayó en un 40 por ciento. ¿El contador Ariel Davrieux, que seguramente actuó en torno a este paquete, creía realmente que modificando esa ecuación en ese nivel, era posible mejorar la recaudación?

Y, paralelamente, se llega a la irresponsabilidad –¿de qué otra manera podríamos calificar el hecho?– de aceptar un crédito de 250 millones de dólares, proveniente del Banco Mundial, para estudiar el mejor funcionamiento de la telefonía celular. ¿Es posible que alguien estime pertinente que se gasten millones de dólares en pagar a burócratas, incrementando más nuestra ya insoportable e impagable deuda externa, para analizar cómo mejorar un sector que se encuentra en claro retroceso, por no decir en abierta retirada? ¿Será que el gobierno todavía cree que en este mundo globalizado se pueden seguir vendiendo buzones?

Las políticas de un gobierno pueden ser desacertadas. La equivocación es una posibilidad de los humanos, pero cuando una política, como la tarifaria, es tan negativa y atentatoria para el interés nacional, las cosas cambian.

Hay que reclamar responsabilidades políticas y aclarar ante toda la población los detalles de un absurdo que ha llevado a las referidas empresas públicas, a deteriorar su situación en niveles más que peligrosos.

Y otra comprobación final. La rebaja de las naftas no fue el resultado de un análisis inteligente buscando el objetivo de mejorar la situación del sector que la consume, provocando así una mejoría en algún aspecto de la deteriorada economía. Fue más bien una acción adoptada por razones de fuerza mayor, cuando Ancap tenía el agua al cuello, no estando en condiciones de soportar más la exportación de todo el volumen de combustible sobrante, a precios ruinosos.

Un tema que deberemos seguir abordando. *