Impunidad, no pacificación

Las conclusiones de la Comisión para la Paz han sido contundentes, mostrando a los ojos de todos la índole de la dictadura militar, el resultado brutal de la aplicación de los métodos establecidos por la doctrina de la Seguridad Nacional, y ha desentrañado las responsabilidades institucionales que, de afinarse, llevarían a aclarar muchas individuales. De esa manera, quizás, los familiares que no están conformes con la totalidad del informe y que aún no se encuentran plenamente resarcidos en su dolor, podrían comenzar a acercarse a un punto que definitivamente se acercara al final.

Sin embargo  más allá de otras consideraciones , debemos entender que muchas de esas responsabilidades individuales, las particulares de policías y militares, están amparadas por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que no sólo recibió una sanción parlamentaria sino, además, la ratificación de la gente en un plebiscito histórico, que la hacen aparentemente inamovible.

A la vista de todo ese proceso, cuando han pasado tantos años de las atrocidades concretadas en cuarteles y comisarías, de los asesinatos, de las desapariciones, de las persecuciones y de las torturas masivas y a mansalva que sufrieron miles de uruguayos, es que debemos establecer que esa ley, bien llamada «de impunidad», por más que debe ser respetada porque fue el resultado de una consulta democrática, además de tener carencias y fallas, no es el medio idóneo para lograr la definitiva pacificación del país.

Julio María Sanguinetti gusta establecer que aquella ley aprobada en 1989 logró el milagro de esa pacificación. Pero, decimos nosotros: ¿a qué costo?

Al costo de que quienes habían cometido delitos cobardes y aberrantes, de lesa humanidad, desconocidos por su saña y premeditación, no tuvieran ningún tipo de sanción legal. Que esos tristes personajes, alegando que cumplían órdenes, mataran en la tortura a decenas de compatriotas, hicieran desaparecer cobardemente sus cadáveres enterrándolos en los predios de cuarteles y luego, al acercarse la caída del régimen de facto, incineraran y lanzaran las cenizas al Río de la Plata. Ahora se sabe que a ninguno de aquellos detenidos desaparecidos se le pudieron probar las acusaciones que se les hicieron para su detención.

Los nostálgicos de la aplicación de la doctrina de la Seguridad Nacional, quienes todavía aparecen preocupados porque hay gente que sigue reclamando justicia, sostienen que el informe de la Comisión para la Paz carece de contexto, que en el mismo no se tuvo en cuenta lo que ocurría por aquellos años. Por supuesto que en ese planteo no están solos, existiendo algunas voces políticas que coinciden, como siempre lo han hecho, con esa visión autoritaria del país.

Pero, ¿cuál contexto? El de una guerra interna que nunca existió y que el gobierno de facto, buscando una razón para la continua represión, extendió en declaraciones. Una «guerra interna» que sirvió para encarcelar a miles de uruguayos y a producir un masivo éxodo. Es que las dictaduras necesitan de enemigos, reales o ficticios. Lo que no les sirve es la libertad, la utilización abierta de los medios de difusión, el funcionamiento de las instituciones democráticas, la institucionalidad y los mecanismos electorales.

Por ello entendemos que el informe de la Comisión para la Paz es un trabajo que llega a conclusiones trascendentes. El Estado uruguayo admite que lo ocurrido es de su responsabilidad. Lo que trastorna el resultado de todo este trabajo es la existencia de la Ley de Caducidad cuya vigencia sigue mostrando que con su aplicación no se buscó el perdón de un grupo de delincuentes, sino su impunidad, a lo que se suma la pretensión del gobierno de dar por terminadas las investigaciones.