Lamentable postura diplomática del gobierno

El curso de la política exterior del Estado uruguayo se sigue desenvolviendo con un trazo errático e incongruente.

Muy lejos de representar algún consenso, la adhesión irrestricta a los postulados exteriores de los Estados Unidos ha ido estrechando día a día los soportes políticos internos.

Mucho se ha hablado, y constituye casi un punto de referencia obvio para cualquier encare serio de la tarea, acerca de la conveniencia que para el país tiene proyectarse en el plano internacional desde unas tesituras y lineamientos políticos con una amplia base de sustentación nacional.

Resulta altamente conveniente para cualquier país, y especialmente para los de esta región castigada del mundo, el cuidado por evitar para la acción de su cancillería, los avatares que devienen de los cambios políticos internos.

En el plano nacional, este postulado ha sido enunciado, bajo el reclamo de la realización de políticas de Estado, repetidamente por este gobierno. No es sin embargo este un rasgo que caracterice la proyección internacional actual del país.

El voto negativo de la delegación uruguaya en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando se decidía si se ingresaba o no a la orden del día del organismo el análisis de la situación actual de los derechos humanos en Irak, representa un enigma de muy difícil resolución para cualquiera que con independencia de criterio examine la situación internacional.

Cuando nuestra delegación contribuyó a cerrar las puertas de la Comisión que sesiona en Ginebra para los ecos del drama iraquí, este país era objeto de una invasión que ha provocado vivas protestas de parte de gobiernos, organismos internacionales humanitarios y amplios sectores de la opinión pública mundial.

Verdaderamente resulta difícil en los últimos decenios encontrar una intervención armada que haya suscitado una tan extendida y profunda reacción de la opinión pública mundial como ha ocurrido con la invasión anglo-norteamericana a Irak precedida por los despiadados bombardeos a Bagdad y otros centros urbanos de aquel país.

Al plegarse de manera irrestricta a la defensa de los intereses norteamericanos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno uruguayo desconoció no sólo el clamor existente en la sociedad uruguaya, expresado a través de su prensa, de sus dirigentes políticos, de las manifestaciones multitudinarias que rechazaron con indignación la agresión militar a Irak. También se desconoció a las más grandes movilizaciones cívicas del planeta. Razón le asiste al representante del Frente Amplio-Encuentro Progresista, diputado Carlos Pita, cuando en el debate parlamentario y público señala que esta actitud obsecuente del gobierno uruguayo, ante lo que llama la desfachatez del poder económico y militar, actúa como un factor que priva de legitimidad a la diplomacia del país para asumir el liderazgo en las Naciones Unidas a favor del análisis de la situación de derechos humanos en Cuba.

La argumentación que recurre a la calificación de política exterior basada en criterios de pragmatismo diplomático constituye asimismo otro grave error conceptual.

Para Uruguay no puede existir otro pragmatismo que el que se deriva del apego más raigal a los principios que regulan las relaciones internacionales. Acompañar, como se ha hecho, los arrogantes pasos de los Estados Unidos en su olímpico desprecio por las normas y los organismos internacionales es una actitud impresentable, cargada de las peores acechanzas.

El país no puede tener otra directiva pragmática que la defensa de los principios de la soberanía nacional, de la autodeterminación de los pueblos y de la defensa de los derechos humanos en el marco de las regulaciones que establece el derecho internacional. *