El Poder Judicial en la mira de la derecha

No es la primera vez que abordamos este tema pues desde siempre la independencia técnica de los jueces y su proverbial honradez y capacidad profesional –sin perjuicio de inevitables excepciones– han ido muchas veces en sentido contrario a los intereses de la derecha.

Y esto porque se trata de un Poder del Estado cuyos funcionarios no responden a partido político alguno: jueces y ministros de tribunales actúan con total independencia y sin tener que rendir cuentas de sus actos a ningún líder partidario; tampoco están sometidos a disciplina partidaria, obviamente, y si alguna vez son objeto de presiones más o menos sutiles, suelen prescindir de ellas y fallar de acuerdo con las leyes y con los principios generales del derecho. Otro tanto puede decirse de los fiscales que, si bien dependen jerárquicamente del Ministerio de Educación y Cultura y por ende del Poder Ejecutivo, tienen la más absoluta independencia técnica.

A los cargos del Poder Judicial y del Ministerios Público no se accede por resultados electorales ni mucho menos como premio consuelo al aspirante a legislador que no obtuvo los votos suficientes. Son los únicos ámbitos estatales en que el poder no tiene posibilidad de inmiscuirse. Esto lleva a que los gobernantes no vean con buenos ojos a esos funcionarios indomeñables y que éstos sean –junto a las autoridades universitarias, también independientes del poder político– el blanco frecuente de los ataques de la derecha.

El procesamiento del doctor Juan Carlos Blanco, a fines del año pasado, y la confirmación –más reciente– del fallo de primera instancia han generado una fuerte ola de críticas contra la Justicia de parte de connotadas figuras de ambos partidos tradicionales. Desde el ex ministro de Educación Antonio Mercader hasta el ex vicepresidente de la República Gonzalo Aguirre, pasando por legisladores y dirigentes de ambos partidos históricos, las voces de la derecha alarmada por los fallos judiciales se han hecho sentir con particular dureza.

La inobjetable contundencia de los considerandos expuestos tanto por el magistrado de primera instancia como por los ministros del tribunal de alzada no parece haber hecho mella en quienes están dispuestos a todo para apoyar y salvar de la prisión a uno de sus pares.

Está claro que las decisiones de la Justicia pueden ser opinables y que todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestar nuestra discrepancia con las resoluciones judiciales porque sabemos que los jueces –humanos al fin–no son infalibles. Pero lo que resulta absolutamente inadmisible es que quienes disienten del criterio de los magistrados hayan incursionado en un peligroso camino que pretende desprestigiar a los magistrados expresando su presunción de que han primado razones extrajurídicas en la decisión judicial; hay quien llegó a afirmar que la fiscal Mirtha Guianze es izquierdista y que su pedido de procesamiento de Blanco se funda en razones políticas.

En momentos en que jueces y fiscales demuestran su imparcialidad y no vacilan en castigar a un alto funcionario del Ministerio Público, debemos denunciar esta campaña de desprestigio que pretende impulsar la derecha conservadora e inescrupulosa. *