Reacciones ante el Informe de la Comisión para la Paz

La difusión pública del Informe Final de la Comisión para la Paz, como era de esperar, ha generado una serie de repercusiones en distintos ámbitos tanto estatales como de la sociedad. La del teniente general Carlos Daners, de la que da cuenta una crónica de LA REPUBLICA del día de ayer forma parte de esa reacción.

Ya antes, su superior jerárquico, el ministro de Defensa Nacional Yamandú Fau, había anunciado su decisión de pasar el Informe de la Comisión a los servicios jurídicos de su cartera.

Dada la naturaleza estatal de la Comisión y visto el contenido del capítulo sobre recomendaciones, parece bastante razonable que no sólo el área militar examine las conclusiones sino otras instituciones estatales a las que se alude.

El Informe contiene una serie de referencias de suma importancia para el presente y el futuro del país, siendo que se trata de un aporte destinado a preservar y restablecer la verdad histórica de lo ocurrido durante la dictadura.

El Informe ilustra con claridad algunas de las dificultades con las que se encontraron las personalidades que participaron en las tareas.

Si, por un lado, desde su punto de partida la Comisión estaba destinada a la consecución de la paz, el documento indica que en los hechos fue una suerte de «comisión para la verdad». Y según todo parece indicar, y habida cuenta de la materia de la verdad de que se trata, de ella no deriva mecánicamente una disposición para una paz como la anhelada.

Se trata de verdades a las que durante decenios el Estado impidió nacer, verdades enterradas, acerca de las cuales se mintió deliberadamente, tanto a la sociedad como a los familiares de las personas que fueron víctimas de la desaparición forzada.

Sobre este ocultamiento sistemático la Comisión avanzó pese a carecer de potestades de orden coercitivo y a las condiciones impuestas para su trabajo en el decreto mismo de su constitución en la órbita de la Presidencia de la República.

De acuerdo a «expresas instrucciones del Presidente de la República» que entendió que «ello era de su privativa competencia», la Comisión para la Paz «no entabló nunca contactos a nivel institucional con las Fuerzas Armadas, ni se reunió con los mandos y jerarquías respectivas».

Además, por distintas razones, se podría afirmar razonablemente que los trabajos de la Comisión no encontraron respaldo en la órbita militar. Las informaciones sobre los aspectos medulares del destino de los detenidos-desaparecidos se mantuvieron en las sombras. Y el resultado de las investigaciones, como los propios autores reconocen, deja un vacío esencial sobre los aspectos centrales de la situación.

Hasta el momento, varios de los comentarios realizados acerca del Informe, incluso alguno de ellos proveniente de esferas oficiales, no parecen dar cuenta de algunas conclusiones nuevas sobre los traumáticos sucesos de los años setenta y ochenta que la Comisión incorpora.

Y parecería de buen tino, tanto por parte de algunos dirigentes políticos como de gobierno, que antes de empezar un debate con, por ejemplo, la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, por su interés en seguir profundizando la investigación, se acusara recibo de las afirmaciones novedosas de parte de una fuente oficial en cuanto a la participación de agentes estatales en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura.

Agentes estatales, funcionarios militares o policiales, locales oficiales como Unidades Militares y Comisarías, todo esto había sido sistemáticamente negado.

Torturas hasta la muerte, ejecuciones («acciones destinadas a provocar su fallecimiento», dice el Informe) que hasta ahora formaban parte del acervo de la denuncia, de las páginas de la prensa que no se plegó ni fue cómplice de aquellos crímenes y que, desde ahora, forman parte de la historia oficial del país.

La Comisión ha recomendado una amplia difusión a su informe.

Sería interesante saber qué se opina sobre esto y qué medidas se están adoptando para hacerlo conocer en general y, en especial, entre los funcionarios policiales y militares. *