Una jornada sangrienta

Ayer se cumplieron 31 años de los luctuosos sucesos que ensangrentaron el país. En su edición del 15 de abril de 1972, el cotidiano francés Le Monde titulaba su crónica sobre Uruguay «El viernes rojo».

Sin duda la ejecución de algunos connotados civiles y militares sindicados como pertenecientes a gupos paramilitares o escuadrones de la muerte y la respuesta de las fuerzas represivas a esos atentados marcan un hito en nuestra historia pues a partir de entonces la injerencia militar fue haciéndose cada vez más evidente al tiempo que el autoritarismo conducía al país hacia un régimen francamente dictatorial.

Al día siguiente, la Asamblea General aprobó la suspensión de las garantías individuales y declaró el «estado de guerra interno», a cuyo amparo floreció el terrorismo de Estado. Tres días después, el 17, tuvo lugar el ataque de las Fuerzas Conjuntas contra el local de la Seccional 20 del Partido Comunista donde ocho militantes de esta fuerza política cayeron abatidos. Un baño de sangre perfectamente innecesario, además de bestial, contra una organización política que actuaba en la legalidad y que tenía representación parlamentaria. En ese hecho inicuo pudo aquilatarse la real dimensión de lo que sería el modus operandi de los terroristas de Estado y su desprecio por las instituciones y por la vida humana.

Pocos meses después, la guerrilla urbana desarrollada por el MLN era definitivamente derrotada y sus líderes eliminados o en prisión. No obstante, la escalada violentista desplegada desde el Estado –Policía, Fuerzas Armadas y Fuerzas Conjuntas– con la colaboración de escuadrones de la muerte no se detuvo. Los mandos castrenses ya no estaban dispuestos a abandonar los espacios políticos –las parcelas de poder– que habían obtenido merced, entre otras cosas, a un Parlamento cuya mayoría se mostró complaciente con las pretensiones militares.

En este contexto, las Cámaras aprobaron una norma –la tristemente célebre Ley de Seguridad del Estado– que legalizó el desborde autoritario y permitió que los tribunales castrenses tuvieran jurisdicción sobre la sociedad civil. Las denuncias de torturas se incrementaron sensiblemente pero hallaron en el propio presidente de la República, Juan María Bordaberry, una barrera infranqueable: para el primer mandatario, no se podía hablar de malos tratos sino de «rigor en los interrogatorios», única forma de obtener información para combatir y desarticular la subversión. Una insólita justificación, muy poco cristiana, a la que adhiere también el doctor Juan Carlos Blanco; recuérdese que cuando un emisario del gobierno británico se interesó por los derechos humanos en Uruguay, el entonces canciller le respondió preguntándole qué otro método conocía para combatir al enemigo. El fin justifica los medios fue la consigna que prevaleció para justificar los atropellos, aunque el fin ya no era la lucha contra la insurgencia armada sino contra la gente, contra los sindicatos y contra la oposición. A propósito de esto, bueno es destacar que, según lo confirma el informe de la Comisión para la Paz, la inmensa mayoría de los desaparecidos no había cometido delito alguno.

Después vendrían los sucesos de febrero de 1973 y finalmente el golpe de junio.

Toda la represión posterior se ensañó con organizaciones sociales y partidos políticos que hasta entonces habían actuado en la legalidad y que el gobierno de facto había resuelto proscribir.

El pretexto de la subversión ya no tenía validez pero el aparato represivo tenía que seguir funcionando. Ahora lo hacía con fines preventivos y fue así que miles de compatriotas sufrieron persecución, cárcel, tortura, exilio y muerte. *