Sobre ciclos y anticiclos

El viernes pasado, por primera vez en mucho tiempo, el gobierno adoptó una medida que afectará de manera positiva la economía reduciendo la presión del peso del Estado sobre la población. Es un reconocimiento, por la vía de los hechos, de que –luego de las constantes políticas de astringencia– el dinero circulante en poder de la gente es insuficiente para que el país progrese, como diría Michele Santo, en el «camino correcto».

Ancap, por obra y gracia de una política tarifaria irracional, recaudaba no sólo para pagar los insumos y sus gastos en burocracia, sino también para que los combustibles se convirtieran en un elemento de recaudación impositiva. Lo que ocurrió es que en un país en crisis, como está el Uruguay, metido en una recesión que ya tiene cinco años de historia, de tanto estirar la soga, la misma se desflecó y finalmente se rompió.

Después del último aumento, el ente de los combustibles comprobó en carne propia que la gente no puede gastar más de lo que tiene y, ante una previsible debacle de su economía (se afirma que la empresa estatal tenía, a febrero de este año, un desfasaje presupuestal del orden de los 300 millones de dólares), actuó de acuerdo con las leyes de la racionalidad económica.

A partir del último aumento, el consumo sufrió una reducción drástica. Y particularmente la nafta, que algunos técnicos sitúan en cifras históricas por su magnitud negativa. En Ancap esa situación fue visualizada como el prolegómeno de una crisis de características imprevisibles. Pero además, a nivel del gobierno, se advirtió que los incesantes aumentos en los precios, que provocaron esa modificación en el consumo, le impedían recaudar su cuota parte impositiva.

Los hechos desembocaron en los anuncios del jueves. La decisión de rebajar un 12 por ciento la nafta fue el resultado de todo lo anterior. Los uruguayos no están en condiciones de gastar más de lo que reciben y los combustibles se habían disparado, al igual que otras tarifas públicas a niveles inalcanzables.

Sin embargo el empecinamiento de los burócratas que manejaron siempre los incrementos de las tarifas como elemento idóneo para reparar las falencias de caja, ha impedido que también se produzca una rebaja en el precio del gas oil y de otras tarifas.

¿Por qué? La razón fundamental es la miopía. Ocurre que el consumo del gasoil es más rígido, pues se utiliza en el transporte y no está atado a las contingencias de las familias. No advirtieron –o no creen– que una rebaja de ese combustible determinaría una cadena de repercusiones todas ellas positivas: podría reducirse el precio del boleto, o el de los fletes, lo que implicaría un abaratamiento de los costos del comercio, posibilitando, quizás, un incremento del consumo.

Sin embargo, para que estos señores entiendan algo de esto, deberá pasar mucho más tiempo. Aunque se hayan estrellado muchas veces contra una pared, siguen pensando que el ingreso de los uruguayos es la más rendidora variable de ajuste.

La rebaja del costo del Estado –tan reclamada por el sector empresarial en los adhesivos que lucen las lunetas traseras de muchos automóviles– no pasa, pues, por privatizarlo todo y por importar el combustible refinado, pues se olvida que, de mantenerse la actual carga impositiva que ronda el 50 por ciento del costo final, el precio de los combustibles se mantendrá inaccesible.

Mientras no se proceda a una profunda reforma fiscal que racionalice y humanice la carga tributaria, los uruguayos seguiremos pagando costos inflados y la reactivación económica seguirá difiriéndose para un futuro incierto. *