Huellas que no se borraron

«El cometido del proceso penal está en saber si el imputado es inocente o culpable… ante todo, si ha ocurrido un determinado hecho..» y «.. un hecho es un trozo de historia… un trozo de camino; pero del camino que se ha hecho, no del camino que se puede hacer…» y, acotamos, tampoco del camino que se debió hacer. «… Saber si un hecho ha ocurrido o no, quiere decir volver atrás…» y agrega planteando las dificultades del proceso penal «… El delito es un trozo de camino, del cual quien lo ha recorrido trata de destruir las huellas…« (Carnelutti «Las miserias del Proceso Penal» pag. 71/72 ).

 

(Fallo del Tribunal de Apelaciones confirmando por unanimidad la sentencia del juez Cavalli y negando la excarcelación de Juan Carlos Blanco Estradé)

Estos conceptos constituyen también un acto de justicia. De reparación. Con los hechos que llevaron a la desaparición de Elena Quinteros, con la inconsistencia de la argumentación del acusado. Pero también con todos los recursos usados (militares, judiciales, legsilativos, adiminstrativos) que tuvieron como objetivo destruir las huellas.

Incluidas las falaces argumentaciones de los voceros que atacan a los jueces y quieren, ahora, reinterpretar la ley.

En el terrorismo de Estado, los crímenes tienen como peculiaridad precisamente colocar a todo el Estado, sus agentes políticos y militares, al servicio del mecanismo de desaparición. De los cuerpos (para generar el terror), de sus historias singulares y colectivas (para borrar el sentido social y político). También de los recursos materiales, humanos, institucionales y gubernamentales, de las órdenes y los memorandums, que hicieron posible tamaño crimen. En este caso, ahora, queda inscripto en uno de los Poderes del Estado, la reconstrucción histórica y la denuncia de lo destruido. Hemos reconstruido un trozo del camino.

La vocinglería acerca del «espíritu» de la Ley de Caducidad, los ataques furibundos de un par de personajes colorados contra fiscales, jueces y Tribunales no hacen otra cosa que demostrar la implicancia político-partidaria en la que están incursos estos agitadores.

No es la primera vez. Lo hicieron con el juez Reyes, con la doctora Jubette. Cuando se deciden a atacar un poder, no le hacen asco. Le dan con todo. No respetan formas.

García Pintos, Hierro López, el propio Sanguinetti, no son neutrales. Ellos no pueden ser «jueces» porque son parte del asunto. No pueden erigirse en Tribunal Supremo que garantiza «la paz» de la República como si fueran un Oráculo. Hay cientos de trozos del camino donde están implicados y han colaborado en destruir huellas. Están implicados en la génesis de la salida autoritaria, en la coparticipación con la dictadura, y con todas las maniobras que garantizaron la impunidad de los terroristas.

¿El doctor Jorge Batlle no ha pensado que en su próxima visita a EEUU más de un periodista le va a preguntar acerca de la situación de DDHH en nuestro país?

El Partido Nacional negó sus votos a un proyecto de amnistía presentado por los colorados previo a la Ley 15.848. Los términos rebuscados de la «caducidad de la pretensión punitiva» eran precisamente para evitar la «amnistía». La exclusión de los civiles, de los mandos que dieron las órdenes, así como el compromiso taxativo de investigar el destino de los niños y de los desaparecidos, fueron la transacción con Wilson para votar la ley. La amnistía borra, olvida el delito. Acá lo que se votó fue la decisión de no punir. Los resultados son iguales, pero no es lo mismo.

Pretender ampliar o reinterpretar una ley que fue plebiscitada es un atentado, incluso para quienes la votaron. Así lo hicieron por lo que decía a texto expreso. No por la intencionalidad que vienen a descubrir 16 años después los amigotes de alguien que es procesado por lo que la ley no protege. ¡Vamos!

Presentamos la denuncia para saber el destino de Elena Quinteros. Si quieren liquidar «los odios», pueden (ellos tienen cómo) persuadir a los responsables del crimen que digan quiénes fueron, dónde está Elena. No vale si lo mandan decir ocultando el rostro. Que se presenten y con la dignidad de hombres de armas, digan. O los civiles que saben. Eso sí sería una muestra de solidaridad con Blanco. Y no estas payasadas para «cumplir» con el reo.

Por otra parte son ignorantes de la jurisprudencia internacional, que insiste en que estos crímenes, al ser permanentes y lesionar por su carácter a toda la humanidad, no prescriben. Porque ya la comunidad internacional sabe que aministiar estos crímenes solo sirve para incentivar el terror. Que no cierran ninguna herida. Y que dejan impunes a los tipos que vuelven a cometerlos. Deja un agujero negro en la historia de la comunidad que no elimina la violencia sino que la incentiva.

Está vigente en el país la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Ley N° 16.724. En su artículo II dice:

«(…) se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.»

¿Van a reinterpretar también esta ley cuando la misma se invoque para denunciar las acciones que «impiden el ejercicio de los recusos legales y de las garantías procesales partinentes» que nos amparan para saber el destino de los nuestros? *