El informe de la Comisión para la Paz

 

«Frente a esas realidades, la comisión considera que no puede –ni debe– confirmar esa información y se limita simplemente a trasmitirla en términos generales, destacando que los uruguayos merecen a esta altura –a juicio de este Cuerpo– una explicación más clara y contundente sobre el destino de los restos.»

Informe final, Numeral 50.

 

La difusión pública del Informe Definitivo de la Comisión para la Paz constituye un hecho relevante que merece un análisis exhaustivo y ponderado, dada la delicada materia de que se trata. El documento contiene varios elementos de importancia para el país. En otros es, en esta instancia, nada menos que la versión de la Historia Oficial acerca de aspectos esenciales y polémicos de la nuestra como nación en los últimos años.

Analizado como la palabra del gobierno, el Informe revela un punto de vista de sumo interés para la reflexión, no sólo sobre cuestiones del pasado sino algunas de la más apremiante actualidad.

Los términos del documento, para empezar, en algunos puntos no solo llenan un cierto vacío de reconocimiento, como la existencia de desapariciones forzadas, de actos de colaboración entre fuerzas militares de distintos países y de «acciones tendientes a provocar la muerte» de personas detenidas, para nombrar apenas tres aspectos que el Informe confirma ampliamente.

Además, decíamos, el contenido del Informe comporta el desmentido tajante acerca de algunos tópicos a los que reiteradamente se ha recurrido en el debate que sobre estas cuestiones se han venido desarrollando.

No se hace necesario ir muy lejos para constatar la falta de adecuación de las afirmaciones del vicepresidente de la República, Luis Hierro López, o de varios legisladores y ministros del actual gobierno, con relación a lo que ahora la Comisión para la Paz sostiene.

El Informe afirma: «Los antecedentes de las personas fallecidas evidencian que la enorme mayoría de ellas no participaba en forma directa en actos de violencia ni integraban organizaciones subversivas. La fecha de sus muertes pone de manifiesto, por su parte, que la mayoría de ellas se verificaron después que la sedición había sido desarticulada y derrotada y cuando sus integrantes se hallaban detenidos en establecimientos de reclusión.»

Las constataciones a las que arriba la Comisión después de más de dos años de trabajo, en el esfuerzo más serio realizado hasta ahora por el Estado para abordar la realidad de los hechos durante la dictadura, conducen a esta afirmación tan ilustrativa.

Las personas asesinadas durante la dictadura no lo fueron como resultado de la existencia de un conflicto armado, de las urgencias que impone una guerra civil sino largos años después de finalizada, en 1972, la etapa de las confrontaciones violentas.

Varios de los debates en curso, como el referido a la sentencia que condenó al ex canciller Juan Carlos Blanco, o la idea de ampliar a favor de los civiles el contenido de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado deberán reexaminarse a la luz de estas conclusiones de la Comisión presidida por monseñor Cotugno.

Las duras realidades a que el documento final refiere tienen el mérito inusual de avanzar en el sinceramiento, de convocar a un mejor conocimiento de lo ocurrido, a una toma de conciencia más precisa, menos hipócrita, acerca de una zona de la realidad del país que, hasta ahora, se ha pretendido mantener en la oscuridad.

El documento oficial ha merecido la respuesta inteligente y matizada por parte de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos que, con acierto, lo ha calificado de un acercamiento a la verdad.

Con luces y sombras, con logros e insuficiencias, el Informe de la Comisión para la Paz ha roto un largo y pesado silencio. En el conocimiento del horror de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, cuidadosamente ocultadas y reiteradamente desmentidas hasta ahora por el Estado, el país tiene un punto de partida para conocerse mejor a sí mismo. *