La verdad histórica

Ayer el Estado uruguayo asumió la responsabilidad que le debía al país. Luego de algo más de dos años y medio de labor la Comisión para la Paz emitió su informe del que surge descarnadamente la crueldad y los límites inauditos de violencia con que actuaron militares y policías representando al propio Estado uruguayo, azuzados por la doctrina de la Seguridad Nacional y envueltos en los lineamientos establecidos por el Departamento de Estado de los EEUU que fueron el sustento continental de los lamentables gobiernos de facto que asolaron a la región.

Que el Estado uruguayo concrete una investigación así, estableciendo –por ejemplo– que la mayoría de las personas desaparecidas fueron asesinadas en cuarteles de las FFAA y que, en ninguno de los casos, se pudieron probar las acusaciones de que eran objeto, es una confesión histórica de un valor inestimable. Un importantísimo baño de realidad que también aclara lo que fue aquella tragedia que se vivió, período plagado de todo tipo de vesanías: desapariciones, inenarrables torturas, asesinatos de personas, muchas de ellas inocentes, en el marco de una tiranía feroz que llegó a separar a los uruguayos en tres categorías: los inmaculados para el régimen, los manchados por alguna razón insólita y los réprobos, a quienes se perseguía de todas maneras. El informe de la Comisión para la Paz confirma todo lo que sabíamos, aclarando además algunos extremos que espantan.

Pero el valor supremo de este informe no está sólo en el baño de sinceridad que implica. Lo anecdótico no es lo sustantivo, pese a que de allí surge una verdad histórica que es fundamental para la convivencia de los uruguayos. Lo importante es que el Estado uruguayo, luego de tantos años de claudicación ante presiones de parte de los violentos y nostálgicos de siempre, haga conocer lo ocurrido.

La Comisión, sorteando presiones de todo tipo, llegó a una conclusión que ahora será la del Estado uruguayo, al ser refrendada por un decreto del gobierno, estableciendo algunas pautas que tenderán a solucionar muchas situaciones que desde el fin de la dictadura están pendientes.

Este baño de sinceridad es un hecho transcendental para reafirmar la institucionalidad del país. No era posible que quienes quedaron impunes por la aplicación de la Ley de Caducidad, todavía tuvieran el beneficio de que no se conociese, con todos sus clarooscuros, esa verdad histórica.

Que este baño de sinceridad sirva para que podamos decir nunca más. *