El verdadero espíritu de la Ley de Caducidad

En el marco de las conversaciones entre líderes políticos desproscriptos y oficiales militares para instrumentar el pasaje de la dictadura a la democracia que desembocaron en el acuerdo del Club Naval, el tema de los delitos de terrorismo de Estado no fue abordado directamente, sino que estuvo «subyacente» o «sobrevolando» las conversaciones, según la visión de quienes participaron en ellas.

Tiempo después, cuando ya restablecida la normalidad institucional las denuncias contra connotados torturadores y asesinos se acumulaban en los juzgados penales, el comandante en jefe del Ejército empezó a dar señales inequívocas del malestar que esa situación generaba en los ámbitos castrenses, llegando incluso a informar del propósito de los implicados de no concurrir a las sedes judiciales a donde habían sido citados; recuérdese que el general Medina había resuelto guardar las citaciones judiciales en su coffre-fort.

La sospecha  convenientemente abonada por el coloradismo para transformarla en convicción  de que se estaba ante un desacato que ponía en peligro la frágil institucionalidad recién recuperada fue lo que movió a Wilson Ferreira Aldunate a impulsar la Ley de Caducidad.

Este intentó de alguna manera «vengarse» del llamado Pacto del Club Naval del que el nacionalismo se había excluido en protesta por la prisión de su líder. Lo que pretendía el Partido Nacional era hacer cargar a colorados y frentistas con la responsabilidad del desacato militar. Ferreira quiso evitar que los terroristas de Estado comparecieran ante la Justicia pero no quiso amparar a los civiles colaboracionistas. La letra de la ley es clara pues al incluir en la impunidad sólo a personal policial y militar y asimilados, excluía de hecho a los civiles que pudieran eventualmente estar implicados en delitos de lesa humanidad.

La reciente propuesta de hacer extensiva la amnistía a esos civiles va contra el espíritu de la ley en cuestión y debe ser rechazada por el Partido Nacional. *