Agudas contradicciones

La derecha política está estudiando la posibilidad de proponer una ley interpretativa que extienda la impunidad a los civiles responsables de delitos cometidos durante el período dictatorial. Iniciativa que tiene como objetivo «amparar» a algunos tristes personajes como el procesado ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, abriendo también el paraguas de la impunidad sobre otros. Es que para la derecha política aparece como coherente que además de los militares y policías amparados por las normas establecidas en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, ahora se extienda ese todavía discutible derecho a un grupo de civiles, para que nadie quede fuera de la impunidad. No les importa tampoco que el procesamiento de Blanco haya sido el resultado de un cuidadoso trámite judicial, sumándose a la decisión del juez la de un Tribunal de Apelaciones, al que se recurrió en el trámite de alzada.

Mientras esta solidaridad de clase se manifiesta de manera significativa, quienes han sido castigados por la dictadura, presos, exiliados, perseguidos políticos, sufren el agresivo silencio del régimen.

La Comisión Especial creada para atender los derechos previsionales de todo este grupo de ciudadanos, que fueron agredidos por los personeros de la dictadura, la mayoría de ellos por el solo delito de pensar distinto y oponerse al gobierno de facto, está prácticamente paralizada. De más de 2.700 expedientes iniciados por otros tantos ciudadanos que buscan el amparo de esa ley para, simplemente, completar años frente al Banco de Previsión Social y, algún día jubilarse, la Comisión sólo se ha expedido sobre 200.

El organismo creado ha solicitado prórroga tras prórroga para finalizar su gestión, ampliado largamente los plazos para completar una labor hoy prácticamente paralizada, encubriendo lo que es una verdad de a puño: que no existe voluntad política de parte del gobierno de atender los derechos de quienes fueron perseguidos, presos o que debieron exiliarse en los tiempos de plomo.

Una ley que, además, no le regala nada a nadie. La misma establece que en el caso de los años reconocidos, los beneficiarios deberán cumplimentar con descuentos en las prestaciones que reciban los aportes no realizados.

Ha trascendido que el máximo escollo de la referida Comisión está en el BPS, a quien se envían expedientes en consultas, muchas de ellas simples. Consultas que van y que nunca vuelven, durmiéndose en canastos, sin advertirse que tras cada trámite hay un uruguayo que debe sumar a su desdichado pasado de perseguido o castigado por la dictadura, la actitud de una burocracia ineficiente cuya ineptitud es tan gruesa que la misma no tiene explicación si tras ella no subyace el malsano producto de una oscura decisión política.

Quienes consideran hoy ampliar la impunidad a civiles responsables de actos de lesa humanidad, ni se les pasa por la cabeza que el fundamento esencial de la democracia es el funcionamiento pleno de la justicia. Lo que está ocurriendo con ex presos, exiliados y perseguidos políticos además de ser atroz desde el punto de vista humano, es sencillamente injusto. *