Cuando concursar no es de murga

El intendente de Montevideo dispuso el 4 de abril de 2002 por resolución 1281/02 un llamado a concurso interno de oposición y mérito para cubrir el puesto de director del Servicio Turismo y Eventos.

Concursaron cinco funcionarios presupuestados ante un tribunal integrado por tres miembros. Como presidente el señor Hugo Gandoglia, como 2do. miembro la escribana Magalí Mahuad que también se desempeña en la secretaría del señor Felipe Martín, dos suplentes respectivos todos designados por el señor intendente Arana, y como 3er. miembro la señora Lilián Hernández, designada por los concursantes.

Interesa destacar que el Digesto Municipal indica en su Art. R245.24 en la sección III –De los tribunales de concursos–, lo siguiente: «Los miembros de los tribunales que sean funcionarios municipales serán eximidos de sus tareas habituales durante el tiempo de trabajo del tribunal.

Los tribunales tendrán, a la hora de realizar los llamados, plena autonomía dentro de los límites establecidos por la normativa».

El 30 de julio se realizó la evaluación psico-laboral de los concursantes, el 5 de agosto la prueba escrita, mientras que la oral se realizó el 8 del mismo mes.

A esta altura vale reflexionar sobre la particular situación derivada de un concurso donde participaron cinco funcionarios (entre ellos la actual directora de la División en cuestión) y fueron evaluados y calificados por un tribunal de tres titulares y dos suplentes.

Pasando el tiempo y por tanto todo el resto de agosto, setiembre, octubre (cuando se dispuso otra prueba psicológica no prevista en las bases, como para que los concursantes se mantuvieran atentos), llegó noviembre, con consultas varias de los interesados a las que siempre se respondía con evasivas y por fin diciembre cuando se cumplirían los cuatro meses de las pruebas de cinco funcionarios, corregidas por tres funcionarios, eximidos de sus otras tareas para dedicarse totalmente a tamaña tarea que les llevó, según parece, tanto tiempo.

Se cumplieron y unos 20 días después, el 30 de diciembre, al cumplirse cinco meses de aquella primera avaluación psicolaboral inicial sucedió algo tan inesperado como insólito.

Parece que al señor presidente del Tribunal le quedaban algunas dudas acerca de las pruebas de los concursantes, por lo que no tuvo mejor idea para estudiarlos más concienzudamente, que llevárselas para su casa, seguramente porque en la Intendencia no tuvo tiempo en cinco meses en los que pudo dedicarle todas sus horas de trabajo para hacerlo.

No sería aventurado decir que posiblemente ya se sentía casi afectivamente ligado a esos expedientes que le brindaron cinco meses de trabajos aliviados, mejor dicho aliviadísimos, y creyó oportuno iniciar el año en su compañía.

Además tal vez estos funcionarios municipales integrantes del Tribunal hasta acompañaron la huelga de fines de octubre contra el mismo intendente que los designó en el Tribunal y eso los atrasó algunos días más. ¿Será posible que esos 11 días de huelga hayan atrasado tan considerablemente el trabajo de corrección de las pruebas de «tantos» concursantes?

Pero, como cuando las cosas vienen mal, vienen mal, y para algunos concursantes sin duda que vienen mal, sobre todo para el que pudiera haber sido el ganador, el presidente del tribunal tuvo mala suerte y ese día, el 30 de diciembre, fue víctima de un hurto.

Le robaron y le fue sustraído del baúl de su auto, un portafolio donde casualmente y coincidentemente, ¡se encontraban los materiales que guardaban relación con el procedimiento de concurso para elegir el cargo de Director Administrativo de la División del Servicio Turismo y Recreación!

Cinco meses después de iniciado el concurso de los cinco funcionarios que nunca se enteraron del resultado desaparecieron las pruebas del concurso y asimismo sus carpetas de méritos personales.

El afectado hizo la denuncia policial el mismo día y recién el 14 de enero lo informó «oficialmente» a sus superiores.

Ante tamaño disparate, plagado de irregularidades por donde se le mire cualquiera supone la interposición al menos de una investigación administrativa para saber las causas de la demora hasta un sumario para el presidente del Tribunal por retirar las pruebas originales hacia su auto particular cinco meses después.

Pero en la Intendencia de Montevideo, donde se despliega a todo trapo una seudointerpretación de todas las normas, desde la Constitución de la República hasta los decretos municipales y mucho más los procederes éticos, para ser consecuentes con esa actitud, todo se resolvió con un informe del Asesor Letrado de la División Administración de Personal, doctor Gustavo Reich que establece con fecha 23 de enero lo siguiente:

 

1. Que evidentemente la normativa nada prevé sobre el punto atento a que la totalidad de la casuística no puede ser agotada dentro de los textos legales.

2. Que resulta claro que el hecho resultó en su naturaleza totalmente imprevisible a la voluntad de las partes involucradas, de ahí que no pueda imputarse responsabilidad alguna al funcionario actuante quien víctima del hecho prestamente lo denunció según consta en la parte adjunto.

3. Que asimismo resultará necesario establecer (atento a la ausencia del material) una nueva instancia de prueba por parte del Tribunal, la que deberá realizarse en las mismas condiciones, fijándose para ello día, hora y lugar para repetirla, notificándose a la brevedad y de forma personal a los interesados; fecha que deberá (por otra parte) fijarse con el tiempo necesario como para permitir a los postulantes él poder tomar nuevamente contacto con el material de estudio.

 

O sea en buen romance, que no se responsabilizó al funcionario por el mero hecho de haber denunciado «prestamente» el robo, pero nada se dice acerca de los cinco meses transcurridos, del desconocimiento de los derechos de los funcionarios que legítimamente aspiran al cargo, de la legitimidad del procedimiento del Presidente del Tribunal al llevarse las pruebas «a la casa».

Lo cierto es que en el cargo sigue la anterior directora que nadie sabe si ganó o perdió el concurso.

Al día de hoy no hay datos acerca de la nueva instancia de prueba y los concursantes han solicitado la sustitución de los titulares del Tribunal por sus suplentes respectivos.

Creo oportuno que los lectores de Correo de los Viernes, los que comparten nuestras ideas y los que no, reciban esta información y puedan tener datos ciertos de este particular concurso que se suma a otros tantos con irregularidades denunciadas por funcionarios o por Adeom en el seno de la Junta.

¿Estará analizando este tema la Comisión de Transparencia que acaba de crear el Intendente? *