La prepotencia imperial

La invasión perpetrada por tropas estadounidenses y británicas contra Irak es –más allá de los verdaderos, inconfesables, e inconfesados motivos– una guerra preventiva.

Ahora bien, de acuerdo con principios del derecho internacional, las acciones bélicas así catalogadas no se justifican en ninguna circunstancia y son por tanto contrarias a derecho.

El hecho de que el país mesopotámico esté gobernado por un autócrata liberticida en modo alguno justifica la bárbara agresión de que es objeto por el ejército más poderoso del planeta.

Aunque resulte ocioso pues no es novedad para nadie, vale la pena recordar que ninguna disposición jurídica habilita a nación alguna a invadir un Estado en razón de que su régimen de gobierno reviste características de tiranía. Porque de haber prosperado ese criterio, ni el generalísimo Franco ni Pinochet pasando por Rojas Pinilla y Videla, se habrían mantenido por mucho tiempo en el gobierno de sus respectivos países ya que los campeones de la democracia los habrían invadido para restaurar las instituciones, detener las arbitrariedades, terminar con las torturas, las desapariciones y las ejecuciones y reimplantar la libertad y la justicia.

Por ello es menester dejar bien claramente establecido que no es válido el argumento de que la guerra que se libra en Irak tiene como fin liberar al país del dictador Saddam Hussein. La tarea de restaurar la plena vigencia de las libertades públicas en Irak compete pura y exclusivamente a los propios iraquíes siempre y cuando así lo deseen. De lo contrario, ¿qué sentido tiene la defensa del principio de autodeterminación de los pueblos?

Y conste que no decimos esto porque estemos avalando la farsa electoral montada por el jefe de Estado iraquí hace algunos meses, en la que se registró –según datos oficiales– una participación del ciento por ciento de los ciudadanos, quienes apoyaron –también en ese mismo porcentaje imposible– al gobierno de Saddam Hussein. Nos consta que el régimen iraquí actual –como todo gobierno autoritario– suscita oposición y críticas que no pueden manifestarse. Pero, reiteramos, es a los ciudadanos iraquíes que corresponde luchar contra la dictadura.

Por otra parte, la situación que se vive hoy es muy diferente de la que motivó la llamada Guerra del Golfo en 1991, y toda comparación resulta inadmisible. En 1991 hubo una agresión de Irak contra un pequeño Estado vecino independiente, Kuwait, que Bagdad pretendía anexar invocando razones históricas. En aquel entonces, la invasión fue unánimemente condenada y la respuesta bélica, casi unánimemente apoyada por la comunidad internacional.

Hoy no ha habido agresión alguna contra otro Estado ni hay ninguna nación amenazada por el régimen de Bagdad. Fue mediante una lógica retorcida y absurda (valga el contrasentido) que la Casa Blanca –cuyo inquilino actual es un demente– vinculó los atentados de setiembre de 2001 con el régimen de Saddam Hussein.

Las armas de destrucción masiva de que supuestamente disponía el ejército iraquí (y de las que EEUU fue el proveedor) fueron el gran e inmoral pretexto para desencadenar el ataque. De nada valieron las inspecciones ordenadas por ONU ni los informes que los inspectores produjeron señalando la inexistencia de armas químicas o biológicas y la destrucción de ojivas nucleares verificada por los funcionarios internacionales: el imperio se había propuesto atacar y nada lo detendría.

No obstante, bajo esa apariencia de poderío indestructible mediante el cual EEUU pretende erigirse en amo del mundo, subyacen en estado latente los elementos que pueden llegar a minarlo y acabar por destruirlo. La prepotencia puede convertirse en un bumerán. *