Inquietud castrense

Según ha trascendido, hay malestar –o por lo pronto inquietud– en círculos castrenses, especialmente en las instituciones de carácter social que nuclean a militares retirados y en actividad, por ciertos hechos de notoriedad que ellos perciben como formando parte de un «hostigamiento» al que se ven sometidos.

Se ha informado que los titulares del Centro Militar y del Círculo Militar se entrevistaron con el ministro de Defensa para plantearle esa sensación de hostigamiento de que son víctimas.

¿Las razones de esa inquietud? En primer lugar, la prisión del doctor Blanco, la confirmación de su procesamiento y la denegatoria de su excarcelación; luego, la condena por difamación contra Baudean; también, el proyecto de ley que impide tributar honores de jefe de Estado a los ex presidentes de facto; y finalmente, la comparecencia de oficiales en actividad y en retiro ante la Justicia ordinaria por el «caso Berríos».

Llama la atención el súbito arranque de solidaridad de los jerarcas castrenses con un civil, ya que éstos –por más que hayan sido colaboracionistas de la dictadura– siempre fueron mirados con desdén por los uniformados. Tal vez la inquietud de los militares se deba en realidad al temor a que se encuentren las vías legales que los obliguen, también a ellos, a enfrentar un tribunal civil.

Porque en definitiva, si de lo que se trata es de que Juan Carlos Blanco recupere su libertad, bastaría con aportar todos los datos necesarios para confirmar la muerte de Elena Quinteros; sólo así, brindando a la Justicia las pruebas concluyentes de que la maestra secuestrada de la Embajada venezolana murió en determinada dependencia militar a manos de torturadores identificables, se extinguiría el delito continuado de privación de libertad que Blanco está purgando en Cárcel Central. ¿Y quiénes sino ellos mismos –los jerarcas militares responsables de violaciones, torturas, asesinatos y desapariciones– están en condiciones de proporcionar esas pruebas? Claro que para ello, los esbirros responsables de tales crímenes deberían confesar sus vesanías… Menudo dilema se les presenta.

Con respecto al proyecto de ley que impide tributar honores a los motineros, resulta absolutamente improcedente e inadmisible que alguien se atreva a cuestionar una norma de ese tenor. ¿O alguien pretende que se homenajee a quienes pisotearon la Constitución? Sería el colmo.

Los otros hechos que motivan la alarma militar tienen que ver con la misma tesitura que, abonada por la Ley de Caducidad, pretende que el estamento castrense tenga un estatuto privilegiado por el que los funcionarios del Ministerio de Defensa gozan de inmunidades absolutas. Por eso este grito en el cielo cuando la Justicia (la ordinaria, la única) tiene la osadía de citarlos a declarar.

Más allá de señalar –y condenar– la postura de los jerarcas militares, entendemos que corresponde a las autoridades de gobierno poner las cosas en su sitio y desestimular tales reclamos por improcedentes.

Y sería deseable que la sociedad civil controlara la educación que se imparte en los institutos de formación militar, de manera de evitar que las nuevas generaciones incorporen una escala de valores reñida con la convivencia democrática. *