La integración de los organismos de contralor

Postergado por los urgentes problemas y desafíos que enfrenta el país  reperfilamiento de la deuda, crecimiento económico incierto por no decir altamente improbable, fantasma del default, etcétera  subsiste un problema que opaca la cristalinidad del sistema político: la integración de los organismos de contralor.

Tanto la letra como el espíritu de las disposiciones constitucionales que establecen cómo deben integrarse la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas no dejan dudas en cuanto a que ambos altos organismos no están integrados de acuerdo con la legislación vigente.

En ambos casos, se trata de los mismos ministros designados durante la administración anterior  la segunda del doctor Sanguinetti entre 1995 y 2000  y no reflejan por tanto la realidad política del país surgida de la última consulta al cuerpo electoral en octubre de 1999.

Este importante problema ha sido tratado en estas páginas en reiteradas oportunidades, pero lamentablemente la realidad nos obliga a referirnos a él otra vez.

Con un empecinamiento digno de mejor causa y casi se diría como respondiendo a un propósito caprichoso, algunos legisladores gubernistas parecen solazarse en la flagrante omisión que significa mantener la integración anterior.

Recurriendo a argumentos indefendibles y a chicanas varias de baja estofa, van logrando que el tratamiento del tema siga diluyéndose en debates vanos con lo que se difiere sine die una solución al problema.

En las circunstancias actuales, sobre todo después que surgieron las primeras diferencias de criterio en el control de las adhesiones a los recursos de referéndum interpuestos, una Corte Electoral con sólo dos miembros en representación de la primera fuerza política del país (con un cuarenta por ciento de apoyo ciudadano) en un total de nueve, resulta una burla a la población y un desprecio por la democracia representativa.

El respeto a la institucionalidad democrática es un principio elemental que debe regir el accionar de los dirigentes políticos y sobre todos de aquellos que ejercen cargos de gobierno.

Con esta actitud, el gobierno aporta un nuevo elemento irritante que conspira contra la credibilidad del sistema. *