Apuntalar a la Justicia

No es adecuado sostener que uno está satisfecho por una decisión judicial cuando la misma coincide con nuestros humores o ideologías. Discrepar con un fallo, sin embargo, es lícito. Lo que no es adecuado es descreer de ese poder, fundamental para nuestro ordenamiento democrático, cuando alguna decisión judicial no nos gusta. La esencia de nuestro sistema está en aceptar las decisiones aunque éstas no nos satisfagan enteramente.

Por ello es preocupante cuando algunos personajes de este país, ante la confirmación del procesamiento del doctor Juan Carlos Blanco, tratan de echar sombras sobre un accionar que puede ser perfectible –no olvidemos las carencias que vive el Poder Judicial por un presupuesto recortado–, pero que debe ser respetado enteramente.

La Justicia es dictada por hombres y, por lo tanto, es tan falible como el ser humano, pero más allá de sus carencias, en la mecánica de la misma existen los reaseguros que tienden a mitigar los errores y lograr que el largo camino hacia la adecuada solución de los conflictos, se recorra con las mayores garantías posibles.

Que ahora sea la Justicia la que deba entender en el tema de los lamentables negocios concretados por Ancap en la Argentina, que han producido la mayor pérdida que se conoce en la actuación de una empresa estatal, es un hecho importante. La comisión parlamentaria que entendió en el caso cumplió con una labor encomiable, la de llegar a la verdad. Ahora la Justicia deberá determinar las responsabilidades de cada uno.

Otro tema que tendrá que dilucidar en un plazo breve es el resultado de otra investigación iniciada también en el Parlamento. Lo ocurrido durante la crisis del sistema financiero es otro de los acontecimientos trascendentes que han afectado a todos los uruguayos. Las responsabilidades deberán ser señaladas y la Justicia, obviamente, deberá aplicar todo el peso de la ley a quienes se establezca que son responsables.

Por todo ello es que debemos, desde todas las posiciones, incluso desde las más humildes, apuntalar la difícil tarea de un poder del Estado que hoy está jaqueado por las carencias presupuestales, pero con dignidad y correcta orientación, trata de seguir adelante.

Ayer se conoció el dictamen del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno que confirmó el fallo de primera instancia por el que se dictó auto de procesamiento contra el doctor Juan Carlos Blanco como responsable de un delito de privación de libertad.

La decisión unánime del tribunal de alzada –que debió intervenir en razón del recurso de apelación interpuesto por la defensa del ex canciller– adquiere una relevancia especial y resulta un saludable espaldarazo a la lucha librada por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. No porque los magistrados actuantes se hayan apartado un ápice de sus funciones jurisdiccionales ni porque hayan hecho del caso judicial una cuestión política; ello no hablaría bien de una Justicia imparcial. El fallo es trascendente porque nos confirma –a todos quienes hemos enarbolado la bandera de la verdad, la memoria y la justicia– que no habíamos equivocado el camino. Y que se puede seguir confiando en un Poder Judicial independiente, con las dosis suficientes de dignidad y de solvencia profesional.

Es cierto que aún quedan muchos responsables de las vilezas cometidas al amparo del terrorismo de Estado, que se cobijan tras la impunidad consagrada por una ley de caducidad producto de un Parlamento timorato. La ratificación del procesamiento del doctor Blanco, triste emblema del civil colaboracionista que se prestó a decorar el régimen de oprobio con el prestigio de su título universitario, nos permite mantener viva la esperanza en que la verdad resplandecerá definitivamente. *