Los costos de la gauchada

Parece difícil de imaginar que en el campo de la acción política una «gauchada», es decir, la realización de un favor por parte de un protagonista a otro, se sustancie de manera desinteresada. Si tal tesitura revela una inaudita ingenuidad (o inconsciencia), tanto mayor será si remite al campo de las relaciones internacionales.

Pretender que pedir la intervención ante el FMI del gobierno de los EEUU es un hecho baladí, sin profundas consecuencias para el futuro del país, es un acto de frivolidad política. Un nuevo acto.

Una opción de gobierno que compromete seriamente tanto la imagen actual del país, como su proyección futura.

El hecho hubiera sido grave en cualquier otra circunstancia internacional; lo es especialmente ahora, en estos tensos días de enero de 2003, con un gobierno al frente de la administración norteamericana embarcado en una campaña bélica a tambor batiente en el Oriente Medio.

Opción bélica que ha suscitado amplias objeciones por parte incluso de antiguos aliados de los Estados Unidos, como Francia y Alemania y cuyas consecuencias seguramente serán las de agravar las condiciones en que se desenvuelven las economías de los países latinoamericanos.

Jugar a la gravitación política directa del gobierno de los Estados Unidos sobre las decisiones inmediatas del Fondo Monetario supone trasponer una serie de límites tanto formales y legales como políticos, de los cuales el país sólo puede resultar perjudicado.

Sobre este punto han sido muy claras las declaraciones recientes del presidente del Frente Amplio-Encuentro Progresista, doctor Tabaré Vázquez.

Las puntualizaciones del líder progresista importan porque contribuyen a profundizar acerca del sentido que tienen actitudes como la asumida por el doctor Jorge Batlle en circunstancias como estas.

Efectivamente, a menudo, cuando se habla de las pesadas cargas que estos gobiernos dejarán, como «herencia maldita», se hace referencia, con sobrada razón, al peso insoportable de los compromisos de la deuda. Compromisos que caerán con todo su implacable peso sobre el país en los próximos años, coincidiendo ¿casualmente? con los primeros años de un gobierno progresista.

El señalamiento de Tabaré Vázquez apunta a los efectos que, sobre la soberanía política del país, conlleva el pedido de gauchadas a los jefes de la gran potencia mundial.

Ese menoscabo a la soberanía nacional, esa erosión sobre el principio de autodeterminación, del gobierno propio, para decirlo en los viejos términos del artiguismo, es también una insoportable «herencia» que, para cualquiera que sea el partido que gane las próximas elecciones, pesará decisivamente.

Esa misma preocupación la ha expuesto con claridad otra figura señera del Frente Amplio, el general (r) Víctor Licandro, quien ha sostenido: «Sí, han entregado el alma por el camino que se han comprometido económicamente con el imperio». «Y este Uruguay nuestro está comprometido con el Imperio y le pide al presidente Bush que le resuelva el problema, y cuando un Presidente de la República de un país necesita pedirle al hermano mayor que le resuelva los problemas, está entregando la capacidad de resolver las cosas de por sí, está perdiendo capacidad de soberanía» . «Uno siente en el alma algunas conductas que se siguieron en este país tan negativas para los intereses del pueblo, como fue la reforma constitucional».

Los partidos en el gobierno suelen acudir a la fórmula que tal o cual problema debe ser encarado por los partidos como si se tratara de un «asunto de Estado», es decir, de algo que está por encima de los partidos políticos.

El trámite que se viene desarrollando ante el FMI y ante la administración norteamericana, donde se ponen en juego indudables factores de soberanía, así como todos los extremos a que conduce nuestra situación de endeudamiento, debería ser objeto de tratamiento trasparente, con la información brindada en su totalidad y oportunamente a todos los partidos, cosa que lamentablemente no viene ocurriendo. *