Punta del Este, un país lindero a Uruguay

Al parecer el balneario puntaesteño no es parte de la República Oriental del Uruguay. O, al menos, esa es la percepción que las autoridades nacionales, léase Poder Ejecutivo y Ministerio del Interior, tienen al respecto.

Ahora, por segunda vez consecutiva, desde las huestes del gobierno, se prohíbe nuevamente que un grupo de uruguayos arribe al balneario top de América del Sur.

El 24 de enero de 2002, el PIT-CNT organizó una marcha hasta la península en reclamo de trabajo y salarios dignos, que convocó a miles y miles de ciudadanos, en un hecho que, por su masiva concurrencia, se convirtió en la manifestación más grandes desde la vuelta de la democracia.

Nobleza obliga. Batlle, con su granito de arena –ya que de balnearios hablamos–, contribuyó a que los manifestantes respaldaran masivamente la iniciativa del PIT-CNT. Una semana antes, el primer mandatario uruguayo salió al cruce de la decisión de la central de trabajadores, expresando públicamente que se prohibiría su ingreso. Sus expresiones, tal como lo demostraron los miles de participantes, se transformaron en un bumerán.

Batlle, palabras más, palabras menos, justificó la decisión aduciendo que la tranquilidad y seguridad de los turistas (mayoritariamente argentinos) corría serio peligro. No vaya a ser que una horda de inadaptados asalariados y desocupados saquearan supermercados y mansiones, o que los medios extranjeros y los paparazzis apostados sobre el exclusivo balneario informaran que, en un país lindero a Punta del Este, llamado Uruguay, el desempleo alcanzaba al 18%, según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística. No vaya ser que, en la otrora Suiza de América, el 40% de los niños nacen por debajo de la línea de pobreza. Faltaba más.

Junto a otros compañeros de este medio, nos tocó cubrir la marcha y el acto final. No se produjo ningún tipo de incidentes, ni desmanes. El alerta de que los comercios cerrarán ante la llegada de una horda de bárbaros, se diluyó a los pocos minutos. Hubo rebeldía sí por parte de los manifestantes ante la injusticia social que padece la mayoría de los uruguayos, pero signada en un clima de respeto y tolerancia. Hubo, también, satisfacción por parte de la organización de la central de trabajadores ante el objetivo cumplido.

Un hecho, irrefutable, marcó la jornada. Unos trescientos metros atrás de donde se ubicó el estrado, en Joaquín de Viana, frente al edificio de Antel, se dispuso de una valla metálica de contención, un centenar de efectivos policiales fernandinos y, metros más atrás, una Guardia de Coraceros y de la Republicana, y carros lanza agua, para prevenir posibles desmanes y actos de violencia. Nada de eso ocurrió.

Esta vez, la historia vuelve a repetirse. El pasado 15 de enero en una reunión mantenida por representantes de Fucvam, el jefe de Policía de Maldonado, Mario Sampedro y el ministro del Interior, Guillermo Stirling, se les comunicó a los organizadores, bajo el elegante eufemismo de no autorizar, que estaba prohibido su ingreso hasta la plaza Artigas del balneario, lugar elegido por los cooperativistas para el acto final.

Ante tal imposición, los representantes de Fucvam ratificaron la decisión de realizar la marcha y, agregaron que, pacíficamente llegarín hasta donde puedan –es decir, los dejen–, y en ese punto harían su acto.

Se me ocurre que, para que esto no vuelva a repetirse, el gobierno del doctor Batlle debería decretar ad eternum «zona liberada» a Punta del Este. Para algunos, claro. Y, por qué no, elaborar una lista con los nombres de las personas autorizadas a ingresar al exclusivo balneario y privatizarla a modo de peaje. Otra idea, no muy fashion reconozco, es colgar un inmenso pasacalle a la entrada, confeccionado en arpillera, que rece: «El gobierno se reserva el derecho de admisión». *