Grave responsabilidad de los partidos tradicionales

La falta de acuerdo en la Asamblea General Legislativa para resolver la integración de los organismos de contralor pone de relieve las dificultades por las que atraviesa la democracia uruguaya.

El manejo discrecional por parte de los partidos en el gobierno de la integración de estos organismos coloca a la legalidad uruguaya en términos tales de descaecimiento sustantivo que el observador imparcial no podría resistir a la tentación de comparar a nuestra venerada construcción institucional con las inestables repúblicas en las que la producción predominante es el banano.

En ese terreno, la idea manejada en filas progresistas, que tanto ha irritado a algunos dirigentes del oficialismo, de convocar a veedores internacionales en las próximas instancias electorales, es una salida, costosa para el prestigio externo del país, pero perfectamente explicable.

La obcecación de los partidos de gobierno, evitando la resolución de acuerdo con lo que las normas constitucionales establecen, y el buen sentido democrático recomienda, tiene tres aristas emparentadas pero distintas.

Está por un lado la cuestión de los organismos de contralor como garantía del cumplimiento de la legalidad administrativa, como mecanismo de lucha contra la corrupción, el desorden y el despilfarro.

En segundo lugar está el papel cardinal de la Corte Electoral en la supervisión de los procesos electorales que en el año 2004 pondrán en manos de la ciudadanía la elección de nuevas autoridades nacionales y municipales.

Una elección que, según todo parece indicar, será intensamente disputada y en las que, como fenómeno histórico novedoso, las fuerzas políticas de izquierda y progresistas tienen grandes posibilidades de alcanzar la victoria.

Hasta ahí las razones que hacen de la cuestión de la integración de la Corte Electoral un factor de seriedad y solvencia para el curso fluido y racional de los mecanismos institucionales de recambio político pacífico y legítimo.

A esta situación hay que agregar otra que emana, de manera perfectamente lógica, del hecho que los organizadores del movimiento de impugnación de la ley sobre Ancap han alcanzado largamente, y entregado en la sede de la Corte Electoral, el número de firmas exigido por la Constitución para que el referéndum, contra la opinión del gobierno y de los partidos que lo apoyan, sea convocado.

Apenas sustanciada la entrega de las firmas se registraron las primeras escaramuzas entre los representantes del movimiento cívico en defensa de Ancap y la mayoría blanca y colorada de la Corte.

Esta mayoría controla la Corte Electoral como resultado de una situación «de facto» y no, como indica el texto constitucional, de acuerdo con la representatividad alcanzada por los partidos en las últimas elecciones nacionales de octubre de 1999.

Desde esta posición, detentando un poder de bloqueo que no tiene respaldo legal, es que se pone uno y otro obstáculo para el cumplimiento de las instancias de democracia directa previstas por la Constitución.

No se trata sólo de una virtual falta de garantías para los partidos en los comicios del próximo año. Se trata de las actitudes antidemocráticas que se asumen hoy, frente a un movimiento cívico con raíces sólidas y fuertes apoyos sociales y políticos y que demostró que era capaz de gestar una gran movilización con el solo apoyo de sus propias fuerzas y recursos.

La decisión, por omisión, de los legisladores de los partidos tradicionales muestra que la voluntad de bloquear el sistema político y ensombrecer las instituciones democráticas no es una responsabilidad exclusiva de los ministros oficialistas de la Corte, sino una lamentable decisión de los partidos del sistema. *