Mejor, imposible

Si los ministros de la mayoría de la Corte Electoral hubieran querido evidenciar ante la opinión pública la necesidad de rever la integración del organismo, no podrían haberlo hecho mejor. Ni en momento más oportuno.

Las decisiones adoptadas en los últimos días  que reinciden en una actitud iniciada en el mes de agosto pasado  ponen de manifiesto la voluntad de los ministros blancos y colorados en el sentido de poner la mayor cantidad de obstáculos posibles para la realización de una consulta popular sobre la Ley 17.448 que abre el camino para la privatización de Ancap.

El descarte o anulación de las firmas que aparecen en papeletas enmendadas y de aquellas en las que los datos identificatorios aparecen escritos con otra tinta, en función de una decisión administrativa adoptada varios meses después de iniciada formalmente la campaña y cuando ya se habían recogido buena parte de las firmas, apunta en ese sentido.

A esto se agrega el tratamiento de la cuestión de la depuración del padrón.

Por mayoría, con el voto en contra de Wilfredo Penco y Washington Salvo, blancos y colorados decidieron el pasado jueves que, a efectos de calcular el número de firmas exigido por la norma, se tomaría el padrón sin depurar, es decir sin retirar del padrón a los ciudadanos fallecidos después que se inició la campaña.

De este modo, alrededor de 20.167 personas muertas durante ese período estarán en los hechos pesando contra la iniciativa, ya que, en los plazos establecidos, que vencieron el día 4 de enero de 2003, el 25 por ciento de esa masa ciudadana, lo requerido por la Constitución, no pudo expresarse. Por razones bien fundadas por cierto.

Llevando el número de los habilitados para votar, incorrectamente inflado con el de los ciudadanos fallecidos, a 2:429.201, el veinticinco por ciento se eleva, también en forma ilegal, a 607.300 adhesiones en lugar de las alrededor de 602 mil que resultarían de un registro electoral debidamente depurado.

Resulta entonces por demás evidente que la mayoría de la Corte usa y abusa de las prerrogativas que la Constitución le otorga. Y lo hace no para actuar en consonancia con el espíritu de la Carta, que establece para la nación el recurso de la democracia directa, sino para ponerle trabas.

Al asumir la actitud de bloquear las posibilidades de participación ciudadana se comete no solo un grave error político con relación al plebiscito por Ancap.

También se está fortaleciendo la convicción de que, con su composición actual, la Corte Electoral no puede ser depositaria de la confianza de la ciudadanía.

La Constitución de la República no establece para las decisiones de la Corte ninguna instancia ante la que recurrir sus resoluciones. Su palabra es la última en la resolución de este tipo de diferendos. De ahí la extrema delicadeza de la función que asumen los ministros.

La importancia de la ley impugnada y, sobre todo, el período de tiempo en el que el debate público sobre la ley se desarrollaría de habilitarse el recurso, ya en los umbrales de la campaña electoral de 2004, han hecho de esta movilización cívica una cuestión llamada a tener amplia resonancia nacional.

Apostar a bloquear ese debate, como hace la mayoría de la Corte Electoral, no puede sino ser interpretado como una total ausencia de autonomía con relación a los intereses políticos de los partidos de gobierno.

La mayoría de la Corte Electoral parece estar demostrando, de manera casi inmejorable, todos los riesgos que a la democracia uruguaya le hace esta composición y estos criterios de trabajo de la máxima autoridad electoral del país. *