Brasil y el submarino nuclear

En setiembre del pasado año, en una conferencia realizada en el Instituto de Altos Estudios Políticos y Estratégicos de Río de Janeiro, el entonces candidato presidencial Lula da Silva se , entre otros temas de interés militar, al proyecto de construcción de un submarino nuclear; al que dio su apoyo. Este sueño de la Marina, desde fines de los años 70, comenzó a materializarse con la instalación del Centro Experimental Aramar, próximo a la ciudad de Sorocaba, en el estado de São Paulo, donde se fabricaría el combutible para los reactores. Organizaciones ecologistas denunciaron lo inadecuado de su ubicación en un área geológicamente inestable, epicentro de sismos. A lo que se agregaba la imposibilidad de evacuar a los numerosos habitantes de las poblaciones situadas en un radio de 50 kilómetros a la redonda. El proyecto formaba parte del programa nuclear paralelo al civil, firmado con Alemania para producir energía eléctrica; y, por sus características, se mantuvo en secreto durante años. La rivalidad con Argentina que, supuestamente, estaría construyendo un submarino nuclear, con participación de capitales alemanes en el astillero Domecq García, en Buenos Aires, no hacía sino acelerar la impaciencia de los militares brasileños.

Quienes no descartaban, tampoco, que Chile, gobernada por el general Augusto Pinochet, adquiriera uno a Sudáfrica. Brasil esperaba concretar su proyecto para el año 2005. En 1991 el ministro de Marina, Mario César Flores, declaraba al diario Folha de São Paulo que el costo alcanzaba los 440 millones de dólares y podría requerir 1.283 más. En el presupuesto elevado al Congreso figuraba como gasto de «modernización». El uso de la energía nuclear para «fines pacíficos» está contemplado en la Constitución, por lo que la construcción de submarinos nucleares estaría admitida siempre que no llevaran armas que usaran esta tecnología. No obstante, participantes en una conferencia del Movimiento Antinuclear Regional, reunida en 1991 en Santiago de Chile, propusieron la modificación del Tratado de Tlatelolco, sobre desnuclearización en América Latina, para incluir en él la prohibición del tránsito de barcos y submarinos a propulsión nuclear por sus aguas territoriales; debido a los efectos sobre el ambiente. También, hicieron un llamamiento para suspender el proyecto de submarino nuclear de Brasil y los programas de enriquecimiento de uranio desarrollados en este país y en Argentina. Osvaldo Noce, dirigente del Consejo de Seguimiento y Fiscalización de Aramar, destacó la construcción de túneles para realizar ensayos nucleares en el estado amazónico de Pará. Y Teresa Nunes, representante de las víctimas del accidente de Goiania que, en 1987, contaminó a miles de personas, tras la dispersión de 19 gramos de cesio 137, provenientes de un aparato de radioterapia abandonado, denunció el velo de silencio tendido sobre la suerte de aquellas. En oportunidad del accidente, Rex Nazaré Alves, presidente de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), organismo que colaboraba con los militares, lo calificó de «bautismo de fuego». Pero, más que esto, fue la evidencia de que un país en condiciones de producir submarinos nucleares y de alcanzar la tecnología para construir la bomba, carecía de la capacidad hospitalaria y del personal de enfermería adecuados para enfrentar una emergencia radiológica. Tampoco, disponía de depósitos acondicionados para aislar, por siglos, las toneladas de materiales contaminados, incluidos los cadáveres de las víctimas humanas y animales.

El proyecto Solimões para fabricar una bomba nuclear, en que fueron invertidos millones de dólares, llevado adelante durante los gobiernos militares y el gobierno civil de José Sarney, fue suspendido durante el de Fernando Collor de Mello. Actualmente, el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Amaral, ha declarado que «Brasil tiene que dominar la tecnología de la bomba atómica», aunque no la vaya a construir. Es categórico, en cambio respecto a la construcción del submarino nuclear, cuya tecnología su país ya posee. No obstante, una guerra con Argentina, principal hipótesis bélica de las FFAA brasileñas durante más de un siglo, ha sido abandonada. Y Chile, que gasta cientos de millones de dólares, para ser vista «bajo la luz de la modernidad», según el experto en temas militares Brian Loveman, no contempla la compra de ningún submarino nuclear. Estos, cuya financiación constituye un despilfarro inadmisible, enfrentado a la extrema pobreza de los pueblos, contribuyen, además, a la contaminación del medio marino, fuente de alimentos para la humanidad, por la dispersión de radionuclidos provenientes del funcionameinto de los reactores. Como lo advertía ya en 1979, el químico Edward Goldberg, en un estudio sobre «La salud de los océanos», preparado para Unesco. Por lo cual no era infundada la preocupación del diputado Enrique Pérez Morad, quien, en octubre de 2000, alertaba, en LA REPUBLICA, sobre los «daños ecológicos» que podría causar el submarino nuclear USS Montepelier en las aguas de la bahía de Punta del Este. Preocupación similar a la que, en 1989, había llevado al Partido Verde brasileño a protestar contra la entrada en la bahía de Guanabara de otro submarino nuclear estadounidense que, como en el caso anterior, participaba en maniobras conjuntas con navíos de América del Sur. *