El ejemplo del jefe del Ejército chileno

El miércoles pasado se publicó un cable de IPS que informaba de las declaraciones que el comandante en jefe del Ejército chileno, general Juan Emilio Cheyre, brindó al diario santiaguino La Tercera, en las que condena las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. LA REPUBLICA dio cuenta debidamente del hecho, pero el mismo ha pasado un tanto inadvertido entre el fárrago de noticias sobre el Medio Oriente, sobre la situación en Venezuela y sobre la inminencia del ataque contra Irak.

Según consigna la información, las expresiones del general Cheyre causaron satisfacción tanto entre la dirigencia de los partidos de izquierda como en la de los de la derecha liberal. Merecieron incluso un juicio favorable de Gladys Marín, líder del Partido Comunista chileno, que no integra la gobernante coalición de centro izquierda. El presidente Ricardo Lagos las consideró “un buen augurio para el año que se inicia”. Y, como era previsible, lo dicho por el jefe del Ejército causó malestar entre los allegados al anciano dictador, nostálgicos del autoritarismo y del terrorismo de Estado.

Lo medular de las declaraciones del general Cheyre radica en la afirmación de que la institución castrense “no es heredera de ningún hecho pasado, partido político o sector social”, con lo que queda claramente establecida la voluntad de reconocer elementos del pasado y superarlos, al tiempo que ubica a la institución castrense en el lugar que le corresponde en una sociedad democrática.

El alto jerarca militar reiteró el reconocimiento explícito de los “excesos cometidos contra ciudadanos”, agregando un juicio de valor poco común en la mentalidad militar: dijo que los atropellos a los derechos humanos no tienen justificación alguna.

Tales declaraciones son especialmente auspiciosas y revelan un espíritu en el que anida la necesaria humildad para llevar a cabo un acto de contrición que toda la sociedad espera. Y son aleccionadoras respecto de que sólo después de ese reconocimiento público, es posible hablar de reconciliación, porque las heridas no se cierran por decreto ni por ley, llámese ésta de impunidad, de Caducidad, de Obediencia debida o de Punto final.

Al igual que el general Martín Balza, ex comandante en jefe del Ejército argentino que admitió la responsabilidad de su arma en la represión vesánica, su par chileno ha dado un paso muy significativo en el mismo sentido, que abre la posibilidad de que la paz sea sellada.

En Uruguay todavía estamos aguardando una actitud similar de las Fuerzas Armadas. Porque además del legítimo reclamo de conocer la verdad de lo sucedido y el destino final de los detenidos desaparecidos –función para la que fue creada la Comisión para la Paz–, es menester que las jerarquías castrenses tengan el valor de asumir públicamente su responsabilidad.

Sería un gesto de grandeza y un acto de coraje, coraje del que no hicieron gala los esbirros que cometieron las peores atrocidades martirizando y asesinando a mujeres y hombres indefensos.

No es con exabruptos como el del coronel Cordero –con el que pretendió justificar la barbarie– que será posible cerrar las heridas. Las Fuerzas Armadas deben admitir su responsabilidad, reconocer su error y pedir perdón a la sociedad por la ofensa infligida.

El paso dado por el general Cheyre debe ser emulado. *