Pasivos: ¿"calesita" con sus aportes?

La falta de trabajo es el drama cotidiano de los uruguayos. El desarme gradual del aparato productivo hizo desaparecer toda una estructura agrícola, industrial y comercial que transformó la vida de los pueblos y las ciudades del país, volviendo poco a poco a la tristeza aldeana a todo lo que hasta hace poco tiempo atrás era movimiento, vida y trabajo.

Varias actividades tenían enorme influencia en el desarrollo de esa dinámica por la relación entre ellas y porque el funcionamiento de algunas en particular dinamizaba el mercado interno. Producían por ese encadenamiento una gran cantidad de puestos de trabajo, originando un crecimiento económico y por lo tanto un aumento del bienestar general, más allá de la justicia o no del reparto de ese mismo crecimiento.

Una de esas actividades fundamentales en la vida de un país en crecimiento y desarrollo, fue la construcción. La posibilidad de construir no solamente crea múltiples puestos de trabajo en la propia parte edilicia, sino que demanda cemento, arena, hierros, sanitarias, carpintería, aluminio, electricidad y por lo tanto ello también dinamiza el comercio y la industria. El gobierno fue tradicionalmente un impulsor de las obras públicas y ello ayudó por mucho tiempo a que la industria de la construcción mantuviera en actividad permanente a varios miles de uruguayos que, a la vez, generaban la actividad de varios miles más en otras actividades relacionadas.

Los uruguayos recuerdan excelentes ministros que tuvieron que ver con estas cosas, entre ellos a Vejo Rodríguez y a Giannatassio, dos blancos que fueron de lo mejor de dos gobiernos mediocres, pero que sin dudas, hubieran sido muy buenos ministros con gobiernos de cualquier pelo por su impulso a la obra pública de interés general. Pero desde el 85 hacia acá, esto es considerado un gasto prescindible y en algunos casos sus inversiones fueron de dudosa credibilidad, dado que, fácilmente, se relacionan el interés público y el privado. Ello es consecuencia de que, para la ciudadanía, la imagen de quienes han desarrollado la titularidad de esa cartera no inspiran confianza por la falta de claridad en las concesiones privatizadoras que han impulsado.

¿A qué viene toda esta historia? Vamos a empezar por acá. Los lectores saben muy bien que desde hace 15 años, los jubilados y pensionistas tienen la posibilidad que les dio la ley 15.900, de que solidariamente y mediante una aportación realizada por ellos que les retiene el Banco de Previsión Social, pueden aspirar a tener su casa. Desde la ley de presupuesto de 1996, lo recaudado por concepto de aporte para la vivienda de los pasivos se deposita en una cuenta en el Banco de la República a la orden del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Los jubilados y pensionistas siempre y desde la integración de los directores sociales al directorio del Banco de Previsión Social, supieron con certeza cuánto recauda el organismo, a qué presupuesto corresponde y cuándo vierte en el Banco República lo recaudado por tal concepto. Lo que nunca supieron los jubilados y pensionistas es cuánto se ha gastado en las viviendas construidas, cuánto dinero se tiene comprometido en lo que está construyendo, cuánto dinero se ha proyectado gastar y fundamentalmente, cuánto dinero tiene el Mvotma actualmente, que es de ellos.

Hay una situación que llama la atención. El Ministerio de Vivienda ha sostenido, a pesar de que se piensa que es uno de los organismos públicos que puede tener gran importancia en el desarrollo de políticas de reactivación del país, que debe acatar la política de recortes extremos que el gobierno central aplica porque, según había manifestado su titular, el gasto causa inflación. Esto lo dijo hace ya tiempo cuando le fue planteada la inquietud de los interesados ante las primeras medidas de restricción de gastos propuestas por el ex ministro Bensión. En el caso de los recursos recaudados con destino a la construcción de viviendas para jubilados y pensionistas, estimamos profundamente equivocada la decisión del recorte, dado que ese no es dinero presupuestal, sino un recurso creado por la solidaridad y destinado, sin ninguna clase de dudas, a la construcción inmediata de viviendas. Pero si desde el Ministerio se previó que habría un aumento inflacionario, lo primero que debió hacerse es cuidar los recursos que estaban a la orden y procurar que esa inflación a la que aludía no erosionara los depósitos que muy bien sabía no estaban a salvaguarda de la inflación. Esa Cartera sabía, aproximadamente, cuánto va a recaudar el BPS con destino a la construcción de viviendas durante los próximos dos o tres años. ¿Por qué el Ministerio no planificó los llamados correspondientes para efectivizar las construcciones con antelación, contando con recursos que ni siquiera de su Ministerio son, sino que tienen nombre propio?

De acuerdo con lo que han aportado los jubilados y pensionistas desde el año 1987, se estima que hoy, entre lo construido, lo que se está construyendo y los llamados a licitación que están en marcha, el gasto total se acerca solamente a la mitad de lo aportado por la gente. ¿Dónde está la otra mitad?

Es de señalar que antes de marzo de 1996 los recursos eran administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas y en medio de un traspaso muy nebuloso de responsabilidades, se calcula que los jubilados y pensionistas perdieron unos 39 millones de dólares. Siempre manifestamos que los administradores públicos por lo general, administran de una forma sus intereses personales y de una muy distinta los recursos que les son ajenos, los de la ciudadanía, que siempre pierde.

El ex ministro Carlos Cat, había dicho que al estar invertidos los recursos en Letras de Tesorería, se perdieron una parte importante de los mismos ante la debacle monetaria, de lo que culpa al Banco Central. Si es verdad que el BCU no le permitió convertir a dólares los recursos obligando a las pérdidas divulgadas, el Mvotma tiene la obligación de demandar al BCU que, de la misma forma que los cuatro bancos quebrados son recompuestos financieramente echando mano incluso a un préstamo internacional, devuelva los recursos perdidos que son de los jubilados y pensionistas, que fueron confiados al Ministerio para su ejecución en viviendas. En definitiva, no solamente no se hacen las viviendas de acuerdo con lo que se percibe, sino que todavía permiten que el dinero de la gente se diluya. Con la aplicación de los recortes se cercenaron fuentes de trabajo –éstas sí efectivas y que nada tienen que ver con la regalía de aportes patronales– y hay una evidente omisión en los deberes de los responsables de quienes tienen a su cargo la administración de los recursos.

Pero hay más para el Mvotma. Los jubilados y pensionistas nunca supieron con certeza, cuánto de lo que aportan se utilizó en construcciones, cuál es el costo de la vivienda que pagan ellos, si se paga lo lógico o si se paga lo que le piden las empresas y cuáles son los proyectos inmediatos, a corto y mediano plazo que tiene en sus manos el Ministerio.

El que paga, tiene derecho a saber y más derecho tiene cuando también le paga a quienes deben darles esos datos para tener la tranquilidad de que lo que aportan tiene el destino adecuado. Es hora de cuentas y si son claras, mejor. *