El aumento a los funcionarios

La explosiva polémica desatada luego de que se mantuviera el ajuste por IPC a los sueldos de los funcionarios del Parlamento Nacional sirve, de manera evidente, para que en el país siga separándose la paja del trigo y, de alguna manera también, para clarificar cuáles son los mecanismos de una política que es, además, un elemento más de la crisis que soportamos luego de más de cuatro años ininterrumpidos de recesión.

En primer lugar es bueno observar cómo la campaña de la derecha ha tenido éxito al lograr multiplicar las expresiones de incomprensión y, en algunos casos, de mezquindad con que se critica el ajuste salarial que repone a estos trabajadores el mismo nivel de ingresos que tenían en el semestre anterior. Son ciertas las diferencias salariales. Si comparamos cómo son retribuidos los docentes, los policías o la mayoría de los trabajadores de la Administración Central (Salud Pública, por ejemplo) y los comparamos con los funcionarios de otros organismos del Estado, como los bancos o algunos entes autónomos, vemos con claridad que la batalla por el ingreso ha tenido logros desiguales, aberrantes, que provocan disfuncionalidades en el propio funcionamiento de las instituciones. Es realmente atroz para la democracia uruguaya que los maestros, los científicos, los médicos de Salud Pública o quienes deben poner su vida en juego en defensa de la sociedad, estén desde el punto de vista salarial más que sumergidos.

Así planteado el problema vemos que todo este paquete de elementos requiere que se corte fino y grueso, que se retoquen prioridades, que se comience a nivelar para arriba para que en el país se comience a verificar un atisbo de justicia salarial. Pero ese proceso, imprescindible, del que se habla continuamente, nadie lo ha encarado realmente. Requeriría concretar una real reforma del Estado con el fin de hacerlo más justo y eficaz, además menos oneroso, para que pueda ser financiado sin sacrificios desmedidos por todos los uruguayos. El segundo aspecto que queremos encarar es el de la política salarial del gobierno. Un gobierno que ha elegido siempre el camino de la transferencia de recursos con que contaban los asalariados, tanto públicos como privados, para hacer frente a todas las deficiencias. Los reiterados ajustes fiscales han reducido los salarios de manera importante, quitándole a algunas familias su capacidad de ahorro y a otras su nivel de subsistencia. Una política salarial torpe, inadecuada, que derrumbó de manera catastrófica el mercado interno, la actividad, disparando el crecimiento del déficit, logrando que en tan solo un año el PBI cayera en 10 mil millones de dólares.

Dinero extraído de los trabajadores que se sumó a las reservas del Banco Central, para alimentar la política del «balde desfondado» que el dúo Batlle   Bensión utilizó en su peregrino intento de parar la corrida bancaria que tuvo como elemento disparador una situación regional que hizo que nuestro sistema financiero quedara excedido de tamaño.

Caída del salario real de brutales características, con un obstinado objetivo hambreador, el que se logró en buena medida. Vasta para ello medir la caída de los índices del consumo familiar, los litros menos de leche o de pan que se venden diariamente.

Entonces, ¿qué sentido tiene acompañar esa política salarial de la que se inicia otra fase? ¿Qué razón válida existiría para negar una recuperación salarial en un grupo de funcionarios? ¿Hacerlo no sería acompañar los aspectos más perniciosos de la política gubernamental que mantiene al país hundido en una crisis luego de más de cuatro años de recesión?

Es evidente que el país no saldrá de su crisis si no se recupera la capacidad de compra de la gente, reponiéndose paulatinamente la masa de dinero adecuada para darle un funcionamiento armónico a la economía. Aplastar aun más el salario de los funcionarios públicos y de los jubilados, como pretende el gobierno, es continuar acelerando la rueda de la decadencia nacional.

Por ello es bueno comprender que de alguna manera lo ocurrido en el Senado de la República, más allá de algunas polémicas argumentaciones, es una piedra muy pequeña que tiende a mostrar un rumbo que, de ser recorrido en el ámbito general, abriría alguna brecha en el callejón sin salida en que se encuentra el país.

Se dirá: ¿Y las fuentes de financiación? ¿Ese camino no modificará la pretendida estabilidad que se mantiene en el país?¿Cómo se reformará así al Estado?

Obviamente el gobierno deberá contar, a la corta o a la larga, con recursos para intentar la reactivación, de lo contrario el país moriría de inanición. Para lograr esos recursos existen los mecanismos sanos, como renegociar la deuda, utilizando los recursos así rescatados para volcarlos en el camino propuesto. Otro, más peligroso, como el de la emisión de moneda, que tiene la difícil contrapartida de reducir su valor en forma proporcional a la cantidad que es puesta a circular.

Cuando se habla de estabilidad, ¿qué se quiere decir? Mantener algunas variables en línea poco tiene que ver con esa palabra. Es absurdo hablar de estabilidad porque el dólar se mantiene desde hace algunas semanas sin variaciones y que la inflación es más que moderada, porque los precios se mantienen aplastados, en algunos casos en deflación, porque la demanda se ha reducido en razón de esa misma política salarial.

La reforma del Estado, obviamente, es una materia que debe quedar pendiente. Es evidente que en un período de crisis el Estado debe jugar un papel fundamental para revertirla y es imposible que en el actual marco recesivo, confuso, inadecuado, se intente recortar las gorduras que se evidenciaban en períodos de relativa estabilidad.

Echando a algunos cientos de funcionarios, o a miles, lo único que se reiterará es multiplicar el drama humano, pero ni se resolverán las disfuncionalidades, ni se mejorará su funcionamiento, ni se logrará hacia su interior una elemental justicia retributiva.

Y tampoco reducirá su peso. Claro, si la economía comenzara a crecer, otro gallo cantaría. *