Una designación inaceptable

Desde 1985 el país recuperó su normalidad institucional. Con defectos, con algunas carencias, es cierto, pero nadie podría negar que la democracia formal, las instituciones y la libertad formal están plenamente vigentes.

No obstante, hay un tema que opaca completamente la vigencia de la vida democrática. Conste que no estamos refiriéndonos a la impunidad de que gozan los terroristas de Estado ni a la renuencia de las distintas administraciones en hacer cumplir ciertas disposiciones contenidas en la misma norma que consagró esa impunidad. Estamos hablando de que la dirigencia política de los dos partidos históricos, los hombres que estuvieron al frente del gobierno desde hace más de tres lustros, no sólo interpusieron todo tipo de trabas y de chicanas para evitar que se conociera la verdad sobre la represión dictatorial con el único objeto de proteger a los responsables, sino que fueron más allá: los premiaron.

Bajo las dos administraciones de Sanguinetti, la de Lacalle y la actual del doctor Batlle, hemos asistido a designaciones y ascensos de militares sindicados como culpables de delitos de lesa humanidad. Esas decisiones han sido casi como una provocación, como si los gobernantes civiles consideraran que no era suficiente con haber evitado que los esbirros se sometieran a la Justicia y hubieran resuelto proceder a una suerte de reparación.

Hoy estamos ante una situación similar. De acuerdo con lo que informamos en nuestra edición de ayer, un teniente coronel seriamente involucrado en la peripecia que concluyó con la muerte del científico chileno Eugenio Berríos fue nombrado por el presidente Batlle, en acuerdo con el ministro de Defensa Yamandú Fau, secretario general del Instituto Militar de Estudios Superiores.

Resulta por lo menos irónico que un jerarca castrense requerido para testimoniar ante la Justicia chilena y sobre el que existe la presunción de responsabilidad en el lamentable suceso, se vea galardonado por una decisión presidencial inexplicable e inaceptable. *