Meta alcanzada

La entrega formalizada en el día de ayer de más de seiscientas sesenta mil firmas solicitando la puesta en marcha del mecanismo constitucional del referendo significa la trasposición de una meta importante en la lucha democrática de nuestro pueblo.

Vale la pena detenerse un instante para valorar la importancia desde una mirada «nacional», como problemática y circunstancia que interesa a una parte de la población. Incluso comparando la movilización democrática cumplida con otras experiencias de este tipo en otros países en los que, además de las instituciones de la democracia representativa existen los institutos de democracia directa como el que se ha puesto en marcha nuevamente en nuestro país.

Desde ese ángulo, el veinticinco por ciento del padrón electoral exigido por las disposiciones constitucionales vigentes en el país, que establecen las normas que regulan la democracia directa, es una exigencia significativa, cuantitativamente muy alta.

Seiscientas sesenta mil firmas, cuidadosamente controladas, con la correspondiente indicación de serie y número de la Credencial Cívica y la impresión dígito pulgar supone la existencia de un movimiento de opinión y de capacidad organizativa de gran porte.

Si una de las características de las modernas democracias suele ser la creciente apatía ciudadana, si magistraturas dotadas de inmensos poderes se eligen con altísimos porcentajes de abstencionismo electoral, sin ir más lejos en los Estados Unidos, movilizar, como se ha hecho ahora en nuestro país, a la cuarta parte del electorado en torno a una meta democrática no puede sino ser visto como un formidable esfuerzo destinado a darle vida real a las instituciones democráticas.

Esto, más allá de lo que se piense sobre el problema de fondo. Cuestión sustantiva sobre la cual el debate en el plano nacional se abrirá –o se continuará– una vez que las oficinas de la Corte Electoral confirmen que se han alcanzado los guarismos exigidos por la ley y se realice la convocatoria.

La movilización que acaba de culminar tiene, entre otros, el mérito de haberse realizado como expresión de un esfuerzo hecho desde la sociedad misma, con el desinterés, el «ninguneo» y hasta la mala voluntad de una buena parte del país oficial, empezando por los medios de comunicación controlados por el oligopolio mediático, que ignoró la campaña, e hizo silencio ante los principales argumentos esgrimidos por los promotores del plebiscito.

Una vez más, y navegando contra corriente, la sociedad uruguaya, a través de sus organizaciones sociales y políticas representativas, como la Federación Ancap, el PIT-CNT y las fuerzas políticas progresistas y de izquierda ha demostrado su capacidad de organización y su notable vocación por el diálogo con la ciudadanía.

Movilización pacífica, fundada en argumentos, con la persuasión como único recurso. Obviamente, sin acarreo clientelístico ni acatamiento caudillista. Eso sí, decenas de miles de militantes recorriendo el país, convenciendo, ordenando, estimulando un pronunciamiento popular.

Una movilización cívica, una campaña de trabajo de masas, como se decía en otra época, que enorgullecería a cualquier sindicalismo o a cualquier fuerza política de Latinoamérica o de Europa.

En este marco, algunos dirigentes políticos, respetados y respetables, quizás habituados a analizar las cuestiones desde un ángulo tecnocrático o exclusivamente legislativo perdieron de vista la dimensión del pronunciamiento político nacional que el recurso en defensa de Ancap asumiría rápidamente.

La recolección de firmas creció en relación proporcional con el desprestigio del gobierno, con la pérdida vertiginosa de credibilidad del equipo económico y del propio Presidente de la República.

También en ese sentido, la movilización cívica tiene un sentido democrático y positivo. Se transforma en un legítimo mecanismo de oxigenación y vivificación de las instituciones democráticas. *