Las firmas por Ancap

El de hoy será recordado como otro día fasto en la historia de las luchas populares.

La Comisión de Defensa de Ancap entregará en la Corte Electoral las firmas necesarias para habilitar un plebiscito contra la ley que permite al ente de los combustibles asociarse con privados. Se trata de impedir de ese modo que una empresa estatal –surgida hace alrededor de setenta años como respuesta nacional a la voracidad de las grandes compañías petroleras internacionales– se encamine hacia su privatización más o menos encubierta, y muy probablemente hacia la conformación –de hecho– de un monopolio privado.

El antecedente de los pésimos negocios emprendidos por Ancap en su asociación con firmas argentinas debe ser tenido en cuenta y mover a reflexión sobre un viejo tema: la integración de los directorios de las empresas públicas. No estamos intentando promover la tecnocracia a ultranza pero es preciso pensar en establecer ciertas condiciones de idoneidad profesional para designar a quienes van a diseñar y llevar a la práctica la estrategia industrial y comercial de esas empresas que son patrimonio de toda la sociedad. Es menester terminar con la muy perniciosa práctica de llenar los cargos de dirección con esa caterva de dirigentes o cuadros medios cuyo único mérito ha sido el aporte de una cierta cantidad de votos, votos que no alcanzaron para ungirlos en determinados cargos electivos pero ayudaron al triunfo del partido; y éste les retribuye designándolos en puestos para cuyo desempeño carecen de la necesaria solvencia.

En ese vicio se halla una de las causas del desprestigio de las empresas públicas en particular y del Estado en general, desprestigio convenientemente alimentado por los propios creadores de esa realidad con la finalidad de crear el clima propicio para la privatización. Téngase presente que el proceso privatizador es uno de los puntos clave de la estrategia neoliberal que apunta a la desnacionalización de las economías nacionales.

Es un hecho innegable que las empresas públicas pueden mejorar su gestión, modernizarse y tal vez abaratar costos; algo de esto ha ocurrido con algunas de nuestras empresas emblemáticas. En cambio, las experiencias de privatización a lo largo y ancho del mundo indican claramente que la gestión privada ha sido desastrosa y nefasta en calidad y en costos de los servicios.

Una vez logradas las firmas necesarias, es de esperar que la Corte Electoral convoque al plebiscito. En primer lugar porque de ese modo será posible que el pueblo reasuma su soberanía en un ejercicio saludable de democracia directa. Y también, y sobre todo, porque será la oportunidad para que la sociedad se embarque en un debate profundo sobre el modelo de país que desea. *