Una agresión al contrato republicano

Las conclusiones a las que ha arribado el diputado Doreen Javier Ibarra y de las que da cuenta LA REPUBLICA en su edición de ayer merecen ser examinadas con atención.

En primer lugar, por la seriedad con que el mencionado legislador frenteamplista suele llevar adelante su actividad parlamentaria.

En segundo lugar porque, tratándose como se trata de un asunto político de importancia, no existe sobre la cuestión de los contratos de arrendamiento de obra, manejados desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la debida transparencia que un mínimo de delicadeza ante las preocupaciones de la opinión pública haría imprescindible.

Digamos de paso, qué dolorosa paradoja termina siendo la notoriedad de esta dependencia estatal, creada al influjo «renovador» de una reforma constitucional, la de 1966, en la que tantos dirigentes ilustres situaron tantas expectativas de cambios favorables, entre otros el actual presidente y el Dr. Julio María Sanguinetti. Lejos de operar –como se prometía– como un factor de planeamiento del «desarrollo» nacional, la OPP se ha convertido en una suerte de «agencia de colocaciones» para familiares y amigos del personal político dirigente.

Como bien describe la nota periodística que comentamos, la reiteración de estas prácticas supone el quebranto de una serie de normas expresas, como la que –de tanto en tanto se vota a nivel legislativo– impide nuevos ingresos a la función pública.

Las altas remuneraciones, además, conllevan situaciones de un privilegio notorio y un agravio comparativo con los salarios de hambre que reciben el grueso de los funcionarios públicos.

Es sobre éstos, enfermeros y médicos, maestros y profesores, funcionarios del correo, del Poder Judicial y del registro civil, policías y guardacostas, funcionarios del Iname y peones de obras públicas, que se sostiene la actividad estatal. Con sueldos, repetimos, de hambre.

Las denominaciones de los programas en los que desembarcan los paracaidistas de Davrieux mueven a risa. Hablan de proyectos sociales, mejoras de Ancap, o del diseño de procedimientos competitivos para la asignación de espectro radioléctrico.

Proyectos que muy poco apoyo real han tenido en el curso de la gestión tanto de este como de los anteriores gobiernos, que tanto han usado y abusado del procedimiento de los contratos de arrendamientos de obra.

Las contrataciones de más de un centenar de personas más o menos vinculadas a las esferas de poder de la partidocracia tradicional insumen una cifra altamente significativa.

Pero el asunto va bastante más allá de los efectos –nada desdeñables– en tanto carga al erario.

La existencia de un espacio estatal privilegiado, donde se da amparo a los paniaguados de la clase dirigente, transformado en práctica habitual, sabida y consentida por las cúpulas de los dos partidos del sistema, espacio estatal que opera como un sistema particular de seguridad social, al que no acceden sino algunos privilegiados, entraña una forma de quebrantamiento del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Parece haber incorporado a la sociedad uruguaya normas propias de las sociedades estamentarias, en las que algunas castas se reservan derechos, verdaderos privilegios de sangre, a los que la mayoría de la población no está en condiciones de acceder.

Sociedades en las que las relaciones civiles y los derechos sociales y políticos se regulan por principios anteriores a las normas republicanas, a la idea de una sociedad conformada por hombres «libres e iguales», conceptos históricos sobre los que se construyó toda nuestra vida como nación independiente. *