Quiénes desestabilizan la democracia

Desde hace algún tiempo se vienen dando en diferentes medios periodísticos – y nos parece importante -, comentarios sobre nuestra institucionalidad democrática y los hechos que promovieron el quiebre de l973.

Desde aquí también deseamos consignar algunas cosas, en la línea de razonamiento por la cual «cada uno es él y su circunstancia». Y entonces acudir a esa historia con honestidad, sabiendo que así como todos conocemos nuestros propios pasos, también conocemos los dados por los demás. Fue en la etapa previa al golpe de l973, que tanto en los corrillos políticos como ciudadanos se discutía y aun se afirmaba que había dos fracciones militares. A una de ellas se la denominaba «peruanista» en alusión al posicionamiento político hecho público mediante comunicados, donde negaban ser «el brazo armado de la oligarquía» y además promovían su adhesión a ciertos postulados programáticos con enfoques progresistas. Esto  se decía- los asimilaba al militarismo del Perú que presidía el Gral. Velazco Alvarado. Pocos objetaron los comunicados por su improcedencia jurídico institucional, prescindiendo de su contenido demagógico. A esta fracción peruanista presuntamente se le anteponía otra denominada «abrasilerada» o «gorila» por su tendencia hacia la dictadura militar del país norteño.

Imagine o recuerde el lector la oscuridad de aquellos tiempos ante el vigor de las dictaduras sudamericanas. Y obviamente que aquella evaluación del comienzo resultó errónea, o más aparente que real. Así sucedió que el 27 de junio de l973 al tomar posesión del Palacio Legislativo, las botas militares resonaron en el silencio de Los Pasos Perdidos, entrando del brazo los generales Esteban Cristi y Gregorio Alvarez, presuntos caudillos de las tendencias brasileña y peruanista respectivamente. Allí en esa impúdica entrada, se desnudó la verdad. No existía entre ambos motineros ninguna diferencia. Ambos venían a buscar a la democracia formal como si ello fuera un procedimiento domiciliario más, habían llegado a detener a las garantías de la libertad, fueron a prender a la obediencia a la voluntad popular libremente expresada y a encerrar al respeto por la opinión ajena. Si supuestamente había entre ellos alguna diferencia, los asuntos democrático-institucionales los unían de manera indiscutible. Para el golpismo cívico militar no se trataba más que de normas adjetivas y de formalidades huecas. Así con el marco ideológico de la doctrina de la seguridad nacional trasmitida por los norteamericanos a nuestros militares cayó la institucionalidad democrática uruguaya en l973, a manos de quienes tenían como misión legal custodiarla y defenderla.

Por supuesto que no sería ajustado a la verdad histórica no reconocer que los partidos políticos sintieron la influencia de aquel proceso irregular de las fuerzas armadas, pretextado en la lucha contra la guerrilla urbana. Unos mostraron simpatías hacia las «definiciones» socio económicas comunicadas en febrero de l973 soslayando aspectos jurídicos formales, otros acentuaban la vigencia de una juridicidad que se desplomaba ante una creciente desobediencia militar. El resto mantuvo un silencio cómplice, para luego de junio de aquel año pasar a integrar los cuadros civiles de la dictadura.

Algunos escribas partidarios de actualidad con indisimulada mala intención analizan estos funestos hechos sin hacerlo con el comportamiento de sus propias colectividades en aquella época, olvidando que los cuadros civiles de la dictadura no provenían de los partidos alineados en el aquel entonces recién fundado frenteamplismo. Y si bien es cierto que la democracia como sistema sufrió también la corrosión de las fórmulas filosóficas de quienes la consideraban «burguesa» y «adjetiva», no es menos cierto que fue la corrupción de los gobiernos de la época el principal llamador a la decepción y a la incredulidad popular hacia la democracia uruguaya. Al fin y al cabo miles de uruguayos, que no eran marxistas, terminaron creyendo con cierta lógica que la democracia servía para beneficiar a la «clase dominante» o a los ladrones de siempre. ¿No queda claramente constatado ello cuando miramos hacia atrás y vemos  por ejemplo- que Peirano Facio ya vaciaba bancos y simultáneamente era ministro de Pacheco Areco por el grupo de Jorge Batlle? Y ya que venimos de conmemorar los 22 años del histórico l980, al respecto es menester recordar que importantes corporaciones empresariales y sectores políticos de los partidos históricos apoyaron calurosamente aquel proyecto de reforma constitucional. Seguramente su articulado no fue escrito en un polígono o dentro de una tanqueta, ni tampoco en las mazmorras de la dictadura por comunistas y tupamaros, una y mil veces torturados por la insania más cobarde de que se tenga memoria en nuestra historia nacional. Fue el personal político más regresivo de los lemas históricos el redactor de aquel proyecto que violaba las formalidades de las cuales tiene que estar investida una constitución para una sociedad democrática. A ese sector de civiles fue necesario derrotar luego en l982 en las internas, pero seríamos tontos si no comprendiésemos que se volvieron a entreverar confiando en la mala memoria de la gente.

Estos asuntos seguirán estando presentes en el continuo fluir político de los uruguayos y si bien el proceso histórico de construcción de la democracia ha tenido retrocesos como el que hemos traído a colación, ellos tal cual dura lección han obrado de modo tal que los uruguayos todos, hemos aprendido a ser mejores liberales políticos.

No cabe la menor duda que la creencia en los valores democrático institucionales conlleva profundos valores espirituales.

Eso fue lo que planteó el Dr. Tabaré Vázquez en su cruce argumental con el vicepresidente de la República, en torno a los «graffitis» en las paredes del Palacio Legislativo: mientras que la preocupación de Hierro  respetable y razonable  era de mero aspecto estético-material  ataque a un monumento -, la preocupación de Vázquez era sobre la imagen institucional y espiritual del Palacio Legislativo. Recordemos que en los mismos días estallaba el escándalo del diputado Lausarot y Adolfo Gil el contrabandista prófugo en Santana do Livramento, a quien Lausarot tenía en comisión entre sus colaboradores. La democracia como modo de organizar la vida política avanza y retrocede, no se cristaliza triunfalmente, la debemos construir bregando por nuestros derechos y los ajenos en un proceso de respeto que nunca termina. Una sociedad fracasa cuando no tiene instituciones que le permitan a la gente participar, formular y manifestar sus preferencias. La lealtad institucional como bien ha manifestado nuestro presidente Dr. Tabaré Vázquez no es para con el gobierno, es con el país y con su institucionalidad democrática.

Nos contamos entre los celosos defensores de ello, y estaremos enfrente de cualquier iniciativa tendiente a debilitar el sistema institucional fijado en la Constitución de la República. Estamos convencidos que tal sistema es consustancial a la democracia republicana y representativa que practicamos los uruguayos. Por más que algunos agentes políticos pretendan buscarle la quinta pata al gato encontrarán a nuestra fuerza política vocacionada por la plena vigencia de la Constitución, de las libertades públicas y de los derechos y garantías que de ella emanan, cauce madre para una más activa participación ciudadana en el quehacer nacional y una más férrea defensa de los derechos humanos. La experiencia de camino tan tortuoso y macabro no la dejaremos caer en saco roto. Hasta la próxima. *