La izquierda y la ley de bancos

Para un observador inadvertido, el apoyo brindado por la bancada de senadores del Frente Amplio-Encuentro Progresista podría resultar incomprensible.

También quizás para un observador extranjero habituado a formas rudimentarias y simplistas de desarrollo del debate político.

El hecho de que una fuerza política opositora contribuya con sus votos y su apoyo político a la aprobación de una ley dramáticamente requerida por el gobierno, es rasgo propio de nuestra evolución política.

El objeto de ley de creación del nuevo Banco Comercial, llamada Ley de Bancos, intenta regular una materia difícil, a menudo fantasmagórica, donde los elementos de credibilidad y solvencia están, como en ningún otro campo de la actividad económica, en estricta dependencia a las señales de firmeza, seriedad y apoyos con que cuentan las normas.

La ley pretende regular aquel terreno escurridizo, lleno de acechanzas. El negocio bancario, marcado fuertemente en nuestro país y en nuestro tiempo por el desprestigio de las prácticas usurarias, por el uso y abuso del secreto bancario para amparar acciones contra la ley y contra el erario público, con banqueros largamente experimentados en las (malas)artes del enriquecimiento ilícito, con la inestabilidad y la falta de transparencia manejadas como instrumento de presión y de exacciones, no es un territorio para adentrarse alegre y confiadamente.

De ahí la importancia de ese gesto de seriedad legislativa, de esa actitud de grandeza ante los desafíos que ha exhibido en la coyuntura la bancada de izquierda.

No se trata, en el caso del FA-EP, de «dar gobernabilidad» sino de una actitud que discurre por los parámetros de la justeza y el rigor con que se examinan las normas, en función de los intereses generales del país.

Resulta evidente que para una parte muy amplia de los sectores más directamente concernidos por el colapso financiero, nos referimos a los ahorristas, los deudores, los trabajadores bancarios y los empresarios medianos y pequeños, que necesitan del crédito como del aire para subsistir, el apoyo de la izquierda al proyecto significó un valor consistente, la prueba de que se trataba de la mejor de las soluciones posibles para salir del callejón sin salida a que condujo la conducción política de los partidos tradicionales.

De entre todos los votos del Senado, todos respetables, no hay ningún otro que tenga esa significación, a la vez sutil y simbólica, que tiene el voto de la izquierda.

Desde afuera del gobierno, sin tener la responsabilidad que tienen blancos y colorados en la gestación y la mala conducción del país en la crisis, el FA-EP mira por encima de lo contingente y de lo efímero y escudriña el interés del país y las potencialidades del futuro, sin demagogia, sin espíritu de comercio al menudeo.

Esta actitud vale para toda la bancada, incluyendo a los que sintieron que lo mejor, lo más auténtico de su sentir legislativo era no dar el voto, no acompañar la votación de la ley pero tampoco hacer campaña para enfrentarla. Así lo pensaron, así lo dijeron y así lo hicieron. Con la misma legitimidad que los demás legisladores progresistas que dieron su apoyo a la ley, después de obtener del gobierno sensibles mejoras con relación al proyecto inicial.

Juego limpio parlamentario y político. Escrupulosidad en el examen de las propuestas legislativas, estos son atributos permanente de las bancadas progresistas, así como de otros legisladores muy minoritarios de los partidos del gobierno.

¿Hay reciprocidad para estas conductas?

¿Hay reconocimiento, más allá de la retórica ocasional, a tal actitud progresista?

¿Hay respeto por el lugar que el Encuentro Progresista-Frente Amplio ocupa en el país y en sus expresiones cívico electorales?

Todos sabemos que no. Que más allá de las untuosas palabras de elogio ocasional, de los discursos huecos acerca del «espíritu patriótico», los partidos tradicionales no actúan frente a la izquierda, sus representaciones parlamentarias y su gobierno departamental, con espíritu ecuánime. *