Ley urgente

La Ley 17.449 que ampara a los destituidos de la industria privada durante la dictadura tiene dificultades serias en su instrumentación.

En nueve meses de trabajo de la Comisión Especial no se terminaron de analizar los primeros 200 casos de un total de 2.870 presentados.

Esta situación adquiere particular significación porque en este mes vencen 200 casos y en el mes de febrero más de 2000.

La Comisión no ha podido resolver en todos los casos por falta de documentación probatoria, atrasos y otros factores (la ley exige sólo prueba documental y en muchos casos es imposible obtenerla).

Hay trámites de documentación que no están en manos del solicitante sino de oficinas del Estado o ministerios del Interior y Defensa. El Estado está trasladando la responsabilidad al potencial beneficiario de una documentación que el Estado debiera diligenciar.

Los hechos están demostrando una doble sanción, la primera haber sufrido las consecuencias de la dictadura y ahora porque no puede aportar la documentación que el Estado le debe proporcionar.

En caso de no ser tratado en fecha el caso tiene una denegatoria ficta que debe ser inmediatamente apelada por el damnificado.

De acuerdo a palabras de algún responsable de la elaboración de la ley, de buenas intenciones está empedrado el infierno y si hubiera sabido las dificultades que contenía la ley la hubiera redactado de otra manera.

Lo real es que cientos y cientos de peticionantes, en caso de no votarse una prórroga al plazo de funcionamiento de la Comisión, verían vedadas sus aspiraciones. Aquí se trata del reconocimiento de los derechos jubilatorios y no de ninguna reparación monetaria o compensación especial como ha sucedido en otros países, caso Argentina.

Todavía el Poder Ejecutivo no elevó al Parlamento la prórroga por 210 días más que solicitó la Comisión y hay sería preocupación que dado el receso si no se eleva con tiempo, pueda no ser aprobada.

Los hechos van demostrando que además de trabajar intensamente para que se estudien concretamente los 2.870 casos y no se llegue a denegatorias fictas, por vencimiento de plazos, se tenga que trabajar en una nueva ley reparatoria que subsane las restricciones insalvables de la presente.

El primer paso es que el Poder Ejecutivo eleve la solicitud de prórroga del funcionamiento de la Comisión y pueda ser votada antes de fin de año llevando un mínimo de tranquilidad a los ciudadanos amparados por la presente ley. *