El drama de la reprogramación

La preocupación de miles de ahorristas tanto de los bancos suspendidos como de los estatales, que tienen su dinero reprogramado, es más que comprensible. Preocupación que en algunos casos se está convirtiendo en una desesperante espera de soluciones, porque la resolución que impuso el “corralito” a la uruguaya se adoptó sin prever ningún tipo de excepciones, ni siquiera que los dueños de ese dinero retenido demostraran que necesitaban de él para subsistir o para cubrir gastos médicos imprescindibles.

El drama humano provocado por la Ley aprobada en agosto por la coalición de gobierno (recordemos que los legisladores del Encuentro Progresista – Frente Amplio se opusieron a la iniciativa), está vinculado a la generalizada reprogramación que estableció y, posteriormente, a la dureza del Banco Central que en ningún caso autorizó excepciones. Ello plantea una situación difícil que se debería contemplar de inmediato. No es posible que personas que necesitan dinero de sus ahorros para cubrir gastos imprescindibles, como tratamientos médicos o sostener mínimos niveles de calidad de vida, no sean contempladas.

Por supuesto que abrir la válvula de la reprogramación exigiría una conducta política que no sabemos si este gobierno está en condiciones de manejar. Porque una modificación de las férreas reglas podría determinar odiosas “excepciones”, la aparición de “amiguisimos”, oportunas influencias para que se fisurara el “cerco” para unos, olvidándose de otros.

Este tema lo entendemos. Desde hace largo tiempo Uruguay ha sido un país en que “el favor” y la “prebenda”, han tenido un lugar singularmente importante en la gestión, mostrando cómo las pequeñas corruptelas fueron sustituyendo a la honradez administrativa. Es evidente, sin embargo, que alguna solución se debe implementar para los más necesitados, los más débiles, quienes puedan demostrar lo imprescindible de contar con fondos para, en el peor de los casos, sobrevivir.

Desde estas páginas hemos reiterado y relatado la vorágine atroz, casi demencial, con que el gobierno de Jorge Batlle, con la conducción económica del ministro Alberto Bensión, hizo funcionar una calesita infernal que liquidó las finanzas del país al nivel de la extinción.

El Banco de la República también fue tocado por la crisis y, además de las suspensiones de los cuatro bancos en dafault, se debieron reprogramar los depósitos a plazo fijo de las instituciones oficiales. Pagaron los ahorristas e inversores por la irresponsable política que sólo sirvió para empobrecer al país.

Ahora, es necesario encontrar salidas puntuales. No es posible que las inocentes víctimas de tanto descontrol paguen la crisis, en algunos casos, incluso, con su vida. *