De Posadas, la ley y el secreto bancario

La historia pasada y reciente de la actividad bancaria no deja muchas dudas. Si en el país hubiera existido una superintendencia de bancos, con los mecanismos idóneos a su función, y la misma se desarrollara alejada de la influencia política del Directorio del Banco Central, hoy quizás los uruguayos no estaríamos enfrentados a la nueva y enorme sangría que le costó al país miles de millones de dólares.

Por ello, aparece en primera instancia como un elemento positivo que en el proyecto de ley que está a consideración del Parlamento se crean mecanismos aparentemente idóneos para suprimir la discrecionalidad con que se manejaban los banqueros, dándole a la superintendencia de bancos un carácter de instrumento eminentemente técnico.

Nadie en su sano juicio y sin intereses creados, puede oponerse a que se «afilen» los instrumentos para combatir el coto da caza que para algunos delincuentes de cuello blanco era tener en sus manos una actividad en que la materia prima es el dinero. Cuando ese tipo se personajes, son dueños y señores de la actividad (ejemplo: bancos Pan de Azúcar, Comercial, de Montevideo, etc.) y no tienen casas matrices que los controlen, la dispendiosidad y el delito se hacen más sencillos. Recordemos lo hecho por Benamou, los hermanos Röhm y el grupo Peirano, que vaciaron entidades, tal como se sabe, al amparo de la inacción del Banco Central que, en algunos casos al parecer actuó alargando plazos y desoyendo pedidos de intervenciones, lo que de alguna manera permitió las operaciones ilícitas.

Por ello no es para nada sorprendente que el ex ministro de Economía, el herrerista Ignacio de Posadas, en un cantinflesco informe, lleno de giros que sólo con muy mal gusto pueden ser calificados como ingeniosos, afirme que el proyecto de ampliar los controles a la actividad financiera es «un tinglado voluntarista y antijurídico».

Giros que encubren su ignorancia técnica. El se orienta siempre hacia el mismo lado, de una presunta «libertad» que, tal como los uruguayos sabemos, le ha provocado al país no una mejoría de los negocios, como se ha proclamado, sino ser el centro de miles de transgresiones y anomalías que sólo favorecen a unos «vivos». ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de las Safis, empresas que el ex ministro conoce muy bien y que han servido para negocios «oscuros», amparadas por esa «libertad» para accionar al amparo de normas de un secreto insólito.

El proyecto de ley a consideración del Parlamento es complicado, ya que actúa sobre una materia muy sensible y su aprobación debería determinar que, de alguna manera, comenzara a restablecerse la confianza sobre el sistema financiero. De Posadas no quiere más controles y sostiene que el Banco Central tiene los suficientes. ¿Es un razonamiento insólito? ¿Quién abriría sus cofres o sacaría de sus colchones el dinero para recolocarlo en el sistema financiero, si los controles fueran los mismos que permitieran lo ocurrido hace unos pocos meses?

Lo que habría que considerar, para que la transparencia impere, es la desaparición del secreto bancario, verdadero mecanismo perverso que se aprobó para convertir a los bancos uruguayos en la «caja negra» de la Argentina. Que permitió el depósito en nuestro sistema de cientos de millones de dólares provenientes de coimas, evasión de impuestos, transferencias ilícitas, lavado, etc. También para que nuestros bancos actuaran en triangulaciones financieras en exportaciones e importaciones realizadas desde la Argentina, con maniobras de sobrefacturación y subfacturación.

Negocios «blanqueados» en nuestro sistema financiero que no otorgaron beneficios a los uruguayos, ya que esos depósitos generalmente eran trasladados off shore. De Posadas fue y es un fiel defensor de ese tipo de reglas que llevan además, como en un caso reciente, a que se pida el procesamiento del «mensajero», que presuntamente dio a conocer actividades nada alentadoras por su contenido ético de algunos políticos y otros altos funcionarios del Ministerio de Economía. *