No le hace bien al país

Sería bueno saber qué pretenden algunos dirigentes políticos cuando, más allá de lo que afirman en la prensa, siguen actuando con criterios mezquinos. El planteo blanquicolorado que se realizó en torno a la integración de los organismos de contralor (Corte Electoral y Tribunal de Cuentas) parece un mal chiste, tan insólito como triste. Sin embargo, ese planteo tiene otro aspecto que es más grave, y ello está vinculado al desconocimiento flagrante de lo establecido en la Constitución de la República.

De acuerdo a la normativa legal, al Encuentro Progresista le corresponden en la Corte Electoral cuatro integrantes, tres al Partido Colorado y dos al Partido Nacional. Sin embargo, en su última componenda, blancos y colorados barajaron los cargos y pretenden que el reparto sea de tres, tres y tres. Las profundas razones de esta decisión insólita pueden estar vinculadas a intentar quitarle protagonismo al Encuentro Progresista-Frente Amplio, pero también, lo que sería más grave, a especulaciones sobre el mantenimiento de mayorías que permitieran, en alguna oportunidad, aplicar arbitrios que pudieran enturbiar decisiones soberanas de los uruguayos.

El planteo para la integración del Tribunal de Cuentas expresa también un manejo arbitrario, como si fuera posible cambiar el número de los representantes de cada sector con el simple arbitrio de pretender abrirle un lugar al Partido Independiente, que es un reciente desprendimiento del Nuevo Espacio y, por lo tanto, como tal no participó en las elecciones nacionales.

No sabemos todavía cuál será la respuesta de la izquierda, pero parece evidente que la propuesta blanquicolorada determina una nueva frustración del mayor conglomerado político del país. El vicepresidente de la República, Luis Hierro López, y el propio presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional han expresado públicamente que a la izquierda le corresponde esa representación, que la aspiración de integrar dichos organismos es lícita. Sin embargo, cuando se pasa de la declaración de prensa a la negociación, los términos se modifican.

Un senador colorado al preguntársele por qué su sector debía tener tal cantidad de representantes en la Corte Electoral, afirmó que ello lo determinaba la Constitución de la República. Pero ese mismo criterio no se aplica cuando se trata de integrar a ese cuerpo a los representantes del Encuentro Progresista, lo que convierte la afirmación precedente en una inaceptable contradicción. Si a la situación económica le sumamos especulaciones propias de una detestable politiquería barata, podemos concluir que el más afectado es el propio sistema de convivencia. La dilación y las maniobras políticas que se evidencian, para que los organismos de contralor sigan integrados de manera incorrecta, no le hacen bien al país. *