La caducidad de los caducos

Hace pocos días, me preguntaban qué acontecimiento acudía a mi memoria si se me nombraba la fecha 27 de noviembre. No pude dudar ni un instante. El día en que los uruguayos formamos el «río de libertad» en el Parque de los Aliados. Casi podía reconstruir los pasos que dimos ese día. Mi sindicato, Ademu, que tenía pocos días de reconstruido, reunió bajo sus pancartas a maestros de varias generaciones, desde los destituidos como Mario González o el «caudillo» Rolando Vieira, a las maestras que tanto daban y dan por el fortalecimiento sindical, en aquel momento con pocos años de trabajo. Era de no creer. Los cooperativistas de vivienda bajo la unidad de la Fucvam,los sindicatos nacidos al amparo de la ley de Asociaciones Profesionales,los vecinos, los partidos políticos, los vecinos. Desde la voz incomparable de Candeau a las banderas flameando. «Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar», coreaban miles de gargantas. Y se acabó nomás. Pero quedaban muchas cosas por aclarar y muchas espinas clavadas en la democracia reconquistada. Muchos de nosotros exigíamos «liberar, liberar a los presos por luchar» y pintábamos en los muros AMNISTÍA GENERAL E IRRESTRICTA. JUNTO CON ELLO QUERÍAMOS QUE SE JUZGARA A LOS MILITARES Y POLICÍAS QUE ABUSANDO DE LA PREPOTENCIA DICTATORIAL HABÍAN GOLPEADO, VIOLADO, ASESINADO, TORTURADO Y DESAPARECIDO A MILES DE PATRIOTAS. La justicia tardaba y tardaba. Cuando avanzando a pasos de tortuga comenzaba a citar a algunos denunciados como culpables de delitos de lesa humanidad, surgió la ley de impunidad, mal llamada de «caducidad de la pretensión punitiva del Estado». El miedo a la verdad apuró a blancos y colorados a sellar los canales de la justicia con esa ley y con la expulsión de Germán Araújo del Senado. Después vendría la pelea por el voto verde y la propuesta de anulación por referéndum. Quedaban igual algunas rendijas por las cuales se colaba la posibilidad de hacer justicia. El artículo 4 de la ley excluía el manto de olvido sobre los desaparecidos. Otra vez las organizaciones de derechos humanos enfrentadas a la desmemoria oficial. Hasta que hace pocos días Juan Carlos Blanco, canciller de la dictadura y cómplice de la desaparición de Elena Quinteros fue a la cárcel. Muchos uruguayos miramos con alegría la tapa de LA REPÚBLICA con la foto del prontuariado. Recordamos a Tota y su bastón recorriendo las calles de Montevideo junto a miles los 20 de mayo. Pero la justicia sigue trabajando. Investiga la denuncia a Juan María Bordaberry por ser el jefe de las fuerzas armadas cuando el asesinato de los ocho obreros comunistas en la seccional 20. Ahora tiene en sus manos otra denuncia contra el dictador por atentado a la Constitución.

Todo esto giró en mi cabeza cuando alguien me preguntó por el significado de la fecha 27 de noviembre.

Como insulto a la memoria de ese acontecimiento, un 27 de noviembre, pero de 2002, el diputado García Pintos eleva un proyecto de ley interpretando la ley 15.848, «de impunidad» al cuadrado. En la exposición de motivos dice : «En la fecha, ante los hechos, se aprecian las fisuras que dejó el texto legal objeto del presente proyecto,en su propósito de lograr la pacificación ya mencionada, lo que vemos en las recurrentes denuncias de hoy día contra militares, policías y aun civiles». En el articulado, en el numeral 4 dice: «Los jueces archivarán de oficio y sin otro requisito los expedientes en trámite».

Mientras los parlamentarios de izquierda buscamos aportar en el camino de la reactivación productiva, de la justicia con los jubilados y pensionistas, en el empleo, en la salud y de esta manera contemplar los intereses de las grandes mayorías de este país, verdadero sustento de nuestras fuerzas, el diputado García Pintos trata de apoyarse en su base social y electoral. Nos preguntamos ¿a quién beneficia el planteo del diputado colorado? La respuesta nos conduce a nombres propios como los que ya citamos en este artículo y que como cancilleres o dictadores fueron parte de la estrategia fascista en este país. Pretende ir más lejos y dejar sin investigar incluso los delitos cometidos por policías y militares antes del 27 de junio de 1973.

Por eso lo del título. Queremos una ley que declare la caducidad de los caducos. *