Las responsabilidades indisimulables del gobierno en torno a lo ocurrido en el sistema financiero deben ser aclaradas hasta su último detalle. Ello deberÃa ocurrir antes que el Parlamento se embarque en la aprobación de las leyes que habilitarÃan la creación del llamado “Nuevo Banco Comercial”. Sin embargo, hoy podrÃa darse otro paso adelante, imprescindible para restablecer la legalidad que debe imperar en el paÃs. Está convocada la Asamblea General Legislativa para tratar la integración de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, lo que se posterga desde el comienzo mismo del actual gobierno de Batlle.
Si el sinceramiento sobre las cifras de la debacle no se produce, es improbable que se pueda sancionar un proyecto de ley, que exige renunciamientos en la oposición y cuyo objetivo es impedir que de ahora en adelante se desencadenen nuevas e indeseables crisis financieras.
Quien lea con atención las respuestas que el Encuentro Progresista – Frente Amplio le exige al gobierno, podrá comprender que esa inquietud planteada por el doctor Tabaré Vázquez está encaminada a lograr una cantidad y variedad de información imprescindible para asà no dar pasos en falso.
No en razón de que los mismos tengan “costo polÃtico”, sino porque cada error, cada decisión que no sea reflejo de un meditado análisis basado en todos los elementos disponibles, podrÃa determinar que el sistema financiero, como algunos gurúes pronostican, se encamine a una nueva crisis.
De acuerdo con lo trascendido, tanto la izquierda como el Partido Nacional han actuado en este caso con una rigurosidad que se debe aplaudir, haciendo trabajar a técnicos, con diferentes estilos metodológicos, con el objetivo de que la decisión polÃtica esté basada en la real situación. Los dos sectores han dado cuenta de una búsqueda responsable de la verdad que no era, obviamente, el elemento preponderante que caracterizó la acción polÃtica durante la existencia de la llamada coalición de gobierno.
Conocer, por ejemplo, cuál es la verdadera situación del Banco de la República es imprescindible, especialmente cuando esta entidad que hoy significa un 50 por ciento del sistema, se verá afectado por el funcionamiento del nuevo banco que, de una manera u otra, se quedará con un trozo del mercado.
Por otra parte, el paÃs durante el presente año se endeudó con los organismos internacionales en 1.500 millones de dólares. Es lÃcito, por lo tanto, saber qué se hizo con ese dinero que determinará una dura carga para los uruguayos, quienes deberemos pagar compromisos internacionales durante años.
Una interrogante que también falta responder tiene que ver, más allá de lo económico financiero, con el respeto que debe existir en el paÃs por lo que establece la Constitución. Los organismos de contralor están todavÃa integrados con los porcentajes obtenidos por los distintos partidos en la elección de 1994. Van ya casi tres años de ilegalidad flagrante. Para hoy está convocada la Asamblea General con el fin de considerar ese tema, pero no es claro si el cuerpo definitivamente impodrá la legalidad, aprobando las venias para la nueva integración de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.
Se menciona que existen sectores polÃticos que intentarán que el cuerpo no llegue al número requerido y continuar asà alargando en el tiempo una situación polÃticamente perversa.
Es evidente que la mezquindad polÃtica es cada dÃa más perniciosa para el funcionamiento de las instituciones. Tanto la necesidad de que se esclarezcan aspectos de la situación del sistema financiero como que se reúna la Asamblea General para poner fin a una arbitrariedad, mostrarán si todavÃa existen reflejos positivos que permitirÃan al paÃs salir adelante.
Comprobar lo contrario serÃa casi un punto final. *
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