Un asunto de Estado

 

El Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento el proyecto de ley que procura una solución –la menos traumática– para la liquidación de los bancos suspendidos. La misma incluye la creación de un nuevo banco nacional, incrementa las facultades del Banco Central para controlar la actividad financiera y crea un seguro de paro que abarque a los funcionarios del sector que pierdan su fuente de trabajo.

El mismo ha sido recibido con buena onda, tanto por los partidos políticos representados en el Parlamento, como por AEBU, que ha sido la impulsora de los lineamientos de solución que en él se recogen. Todos, a su vez, lo están estudiando con detención y manifestaron su voluntad de discutirlo e incorporarle elementos que el mismo no contiene, o modificar algunos que no consideran convenientes.

Otros, desde la prensa, desde organizaciones patronales bancarias y aun desde tiendas políticas lo critican ácidamente e insisten en la conveniencia de que esos bancos se liquiden y chau. Algunos, porque no quieren aportar nada para la solución de la crisis; o porque quieren quedar dueños de la cancha, o porque aspiran a pingües ganancias a través de juicios millonarios contra el Estado.

Un caballito de batalla útil para sus fines, lo constituye la cantinela del supuesto privilegio del seguro de paro que se instituye para el gremio bancario, que provocará nuevas erogaciones para el Estado, y contraponen esta crisis que agrava la desocupación con la de otros colectivos de trabajadores que la sufren tanto o más.

Es conveniente entonces, hacer algunas puntualizaciones:

1.- El seguro de paro que se crea por esta ley le significará al Estado lo mismo que cuesta cualquier otro seguro de paro que ampara a otros trabajadores. Ni un peso más, ni un mes más allá. Sí ocurre que, luego, el colectivo de los que no pierden el trabajo y los que hoy están jubilados o son pensionistas, hará un aporte solidario para cubrir el cobro de cifras mayores por parte de los damnificados, y por un tiempo adicional. Dicho de otra manera, no habrá un costo adicional para la sociedad. AEBU tiene diferencias con la propuesta, que no hacen a mayores erogaciones, sino a su instrumentación y solución de fuentes de trabajo en el sector, para el futuro.

2.- A las empresas integrantes del sistema se les impone un aumento de sus aportaciones patronales, en tanto son corresponsables de la subsistencia del organismo de Previsión del Sector, para paliar la pérdida de aportes –por baja de aportantes– que sufrirá la Caja de Jubilaciones Bancarias.

3.- La reapertura del nuevo Banco busca salvar el mayor porcentaje de los depósitos de los mismos, que se perderían casi irremediablemente si hubiese liquidación lisa y llana. Por su lado, las empresas que hoy tienen créditos en esos bancos, podrán seguir negociándolos como lo venían haciendo, en lugar de verse enfrentados a la alternativa de pagar ahora o que les ejecuten las garantías.

4.- Una de las dificultades –no la única– que tuvo el Banco Central para anticipar la crisis, ha sido la escasez de instrumentos de contralor. El proyecto lo dota de nuevas atribuciones, tal como las que tienen los Bancos Centrales en el mundo.

Finalmente, los días que restan al mes de diciembre, serán ricos en la búsqueda de los acuerdos que posibiliten la mejor de las soluciones, para un asunto muy grave que acentúa la crisis por la que atravesamos. Apuesto a una rica discusión parlamentaria, con el aporte de las organizaciones más directamente involucradas. *