La responsabilidad de Salud Pública

El conflicto provocado por el Ministerio de Salud Pública, que está poniendo a todo el sistema al borde del colapso, es incomprensible si no sumamos a la incompetencia de los funcionarios responsables de las decisiones, un apego sectario y trasnochado al neoliberalismo como factores que han detonado una situación de imprevisibles consecuencias.

Ya el secretario de Estado Alfonso Varela, un técnico poco versado en temas de salud, había demostrado su propensión a encaminar la gestión de la secretaría de Estado a favorecer la actividad privada. Para ello fue deteriorando paso a paso todo el sistema público de salud, sin tener en cuenta que la desocupación en el país es creciente (19,2%), que el pauperismo del resto de la población es agobiante y que alrededor de 200 mil personas se han tenido que desafiliar del sistema mutual.

Al maniobrar, como se hizo, para provocar el conflicto de los dos mil médicos de Salud Pública, a los que se les rescindió el contrato por telegrama colacionado, la responsabilidad que asumió el Ministerio es manifiesta. Las declaraciones del subsecretario de la cartera ingresan en la antología del disparate, cuando sostiene que los médicos, que fueron expresamente despedidos, son los únicos responsables del conflicto.

Parecería que el funcionario no se ha percatado de que fue el Ministerio de Salud Pública el que movió primero sus piezas, determinando el colapso del sistema.

Los enfermos que esperan ser operados, también los pacientes oncológicos que pueden ver reducidas sus expectativas de vida ya que no se pueden coordinar sus intervenciones; quienes van a buscar número para la atención de especialistas de niños al Hospital Pereira Rossell para atender casos muchas veces severos y recién logran un lugar para febrero o marzo; todos deben sentir una frustración muy grande. La sensación de haber sido abandonados por un gobierno que no tiene en cuenta lo que significa mantener en un alto nivel de eficiencia todos los mecanismos sanitarios.

En este conflicto provocado por el gobierno se observa la misma sintomatología irresponsable de la que los uruguayos fuimos testigos cuando, por ejemplo, se liquidaron las reservas atesoradas por el Banco Central, y luego se traspasaron a los bancos colapsados millones de dólares recaudados por la DGI, que tenían como destino cubrir las imputaciones presupuestales.

El conflicto en Salud Pública, por supuesto, tiene una vinculación directa con esos desaguisados que pusieron en crisis al país, pues este Ministerio fue el que entró más ostensiblemente en default, verificándose carencias de todo tipo. La suspensión de las operaciones «coordinadas» se produjo mucho antes del despido de los dos mil médicos.

Ahora Varela será interpelado en el Senado de la República. Es de esperar que pueda explicar con propiedad y sin ocultar la real situación que se vive en todos los hospitales públicos del país y, para colmo, en el sistema mutual que también está a punto de colapsar.

Con la vida de la gente no se juega. Tampoco es lícito anteponer prejuicios ideológicos en una acción en que debe primar el pragmatismo, la buena voluntad, la solidaridad y el humanismo. Todos elementos que son el sostén ético de una sociedad que, como la nuestra, no puede desatender la salud de la gente. *