En el umbral de un nuevo plebiscito

Ya es un hecho corriente, que se reitera con frecuencia, el afirmar que se extiende en el país un clima de escepticismo sobre la actividad política.

Es indudable que las enormes dificultades económicas y sociales por las que atravesamos y el rutinarismo y la parsimonia con que el superior gobierno las viene encarando no constituyen, precisamente, un estímulo a la vida cívica y a la participación ciudadana.

El Parlamento nacional, sede histórica de grandes debates con protagonistas brillantes –como en su tiempo lo fueron, de un lado o de otro, los Flores Mora, Alba Roballo, Zelmar Michelini, Amílcar Vasconcellos, Dardo Ortiz, Rodney Arismendi, Vivian Trías, Wilson Ferreira Aldunate, entre muchos otros– tiende a ser desprovisto de gravitación en un sistema político que transita por la hegemonía del Poder Ejecutivo.

Y así se han sucedido las lLeyes de urgencia, de trámite vertiginoso que producen normas sobre temas de trascendencia nacional y en donde las posibilidades del Poder Legislativo se ven menoscabadas por los inapelables plazos con que se tramita la norma.

Con el deterioro del ámbito legislativo se produce inevitablemente el de los partidos, desprovistos de eficacia en la hora decisiva de configurar las normas.

En ese contexto, el ciudadano vive el ámbito de las decisiones políticas como una instancia demasiado alejada de sus preocupaciones cotidianas, con demasiadas intermediaciones, zonas de sombra y cabos sueltos.

Al mismo tiempo, el fracaso estrepitoso de los procesos de privatización que han asolado la región, empezando por catastróficos despilfarros de la era menemista, han alertado a una parte considerable de la ciudadanía acerca de los riesgos que para el futuro de país entraña la aplicación sostenida de las ideas que tienden a la desregulación y privatización de áreas esenciales de la economía uruguaya.

La ciudadanía uruguaya tiene una amplia experiencia en torno a este debate con las concepciones de reforma del Estado teñidas de los conceptos propios del neoliberalismo que ha hecho auge en el mundo en los últimos decenios.

El próximo viernes 13 de diciembre, precisamente, se cumplirán diez años de la formidable movilización popular y cívica que se alzó contra la ley de privatización impulsada por el gobierno de Lacalle con el apoyo de la fracción política del actual Presidente.

En ese contexto, el Frente Amplio-Encuentro Progresista y el PIT-CNT, junto con otras organizaciones sociales vienen impulsando la realización de una consulta plebiscitaria en la que la ciudadanía tenga la posibilidad de pronunciarse acerca de la Ley 17.448 que habilita un proceso que, según entienden los sindicalistas y la fuerza política de izquierda, pondría en marcha un mecanismo que concluiría con la liquidación de Ancap.

Pese a las dificultades de acceder a los grandes medios de difusión y la debilidad de los caudales aplicados en la campaña de recolección de firmas, el número de las adhesiones consignadas por la Comisión de Defensa de Ancap acaba de sobrepasar el medio millón.

Se trata de un volumen impresionante. Pero más aun resulta el hecho de que en las últimas semanas el ritmo de apoyo popular a la iniciativa se ha acelerado de manera significativa.

Desde el 1º de noviembre en adelante, el número de adhesiones que se controlan en los centros de cómputos instalados por los organizadores sobrepasa largamente las cinco mil firmas diarias.

Cinco mil adhesiones ciudadanas cada día es un hecho cívico y político de enorme importancia. El haber sobrepasado el medio millón también lo es. El estar casi en los umbrales de alcanzar las cifras requeridas por la ley es la señal definitiva de que el movimiento encontró un eco indudable en la ciudadanía, pese a los obstáculos de todo tipo que ha tenido que enfrentar. *